Diputada Ahumada calificó de “irresponsable” la decisión del Gobierno de ofrecer residencia y nacionalidad a expatriados nicaragüenses
La legisladora por la región de Antofagasta se refirió a lo anunciado por el Ejecutivo, donde puntualizó en la grave crisis migratoria que se vive en la zona
Este martes el gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció que «arbitrará los medios legales necesarios» para ofrecer la nacionalidad y residencia en el país, a las personas nicaragüenses expatriados por el Estado. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que “el Gobierno de Chile pone a disposición esta alternativa para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla».
Una decisión que fue criticada por la diputada independiente, Yovana Ahumada, quien calificó de “irresponsable” la propuesta del Ejecutivo a los ciudadanos que fueron expatriados por el régimen de Daniel Ortega, y manifestó que “podemos dar un apoyo, pero no están las condiciones para otorgar residencias, porque aún no somos capaces ni de resolver nuestros propios problemas como país.”
“Me parece una irresponsabilidad hacer una invitación de esa manera, principalmente porque tenemos que pensar que hoy tenemos una migración descontrolada, donde además no damos cabida para solucionar esa problemática ni tampoco para resolver los problemas de los chilenos, ya sean políticos o sociales, sobre todo con el tema de seguridad que hoy día además vemos enfrentado a esta toma de decisiones”, aseguró.
Asimismo, la parlamentaria por la región de Antofagasta emplazó al Ejecutivo, cuestionando: “a quién le preguntó el Presidente, ha escuchado a los chilenos qué piensan de esto. Es muy lamentable saber que no escucha a los chilenos”.
Recordar que el miércoles 15 de febrero, el Gobierno de Nicaragua declaró como “traidores a la patria” a cerca de 100 opositores y críticos. Los ciudadanos, entre los que se encuentran periodistas, activistas, políticos, religiosos o defensores de Derechos Humanos, fueron declarados «prófugos de la Justicia» y les serán confiscados todos sus bienes y sociedades, que pasarán a estar en manos del Estado.
