El futuro director de Migraciones, Frank Sauerbaum, aseguró que el alto costo de expulsar migrantes y la falta de recursos explican el retraso en estos procesos. Además, apuntó a trabas legales y diplomáticas, mientras el Gobierno evalúa medidas como incentivos para la salida voluntaria y acuerdos internacionales.
El futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, abordó la compleja situación migratoria del país y aseguró que el principal obstáculo para ejecutar expulsiones es la falta de recursos económicos.
Según detalló, actualmente existen cerca de 37 mil migrantes con decretos de expulsión firmados y más de 85 mil en proceso. Sin embargo, la ejecución de estas medidas enfrenta múltiples dificultades, tanto presupuestarias como operativas.
Alto costo frena expulsiones en Chile
Sauerbaum explicó que expulsar a una persona del país tiene un costo cercano a los $3 millones. Esta cifra coincide con estimaciones oficiales, que sitúan el gasto promedio entre $3 millones y $3,5 millones por migrante, considerando traslados, pasajes y escoltas policiales .
En ese contexto, el futuro director cuestionó que la Ley de Presupuestos no haya contemplado los recursos necesarios para abordar la magnitud del problema. De hecho, expertos han advertido que expulsar a decenas de miles de personas requeriría inversiones de miles de millones de pesos.
Problemas legales y relaciones internacionales
Además del factor económico, Sauerbaum apuntó a dificultades legales. En entrevista con CNN, señaló que el ingreso clandestino en Chile sigue siendo considerado una falta y no un delito.
“Presentamos un proyecto de ley hace un año y medio que declara el ingreso clandestino como delito”, afirmó.
Por otro lado, indicó que las relaciones diplomáticas con algunos países complican la ejecución de expulsiones. En particular, mencionó el caso de Venezuela, donde la falta de coordinación impide concretar el retorno de miles de migrantes.
Colombia aparece como alternativa
En medio de este escenario, Sauerbaum adelantó que se evalúan alternativas para avanzar en el proceso. Entre ellas, mencionó la posibilidad de concretar expulsiones hacia Colombia.
“Estamos planeando un primer grupo pequeño para la segunda semana de abril que iría a Colombia”, explicó.
Asimismo, recalcó que el empadronamiento no implica regularización. Según detalló, de las 182 mil personas registradas, al menos 6 mil han cometido delitos.
Autocrítica y medidas del Gobierno
El futuro director también realizó una autocrítica al funcionamiento del Estado. A su juicio, muchos migrantes ingresaron legalmente, pero quedaron en situación irregular debido a la demora en la renovación de visas.
“Esa no es culpa de la persona, es culpa del Estado”, afirmó.
Finalmente, adelantó algunas medidas que evalúa el Gobierno para enfrentar la crisis migratoria. Entre ellas, se incluyen incentivos para la salida voluntaria, como la devolución de cotizaciones previsionales o la reducción de sanciones para quienes abandonen el país de forma regular.