Más de 35 mil denuncias por violencia escolar desde 2020 y solo una mínima parte fue fiscalizada. Informe revela fallas graves del sistema educativo.
Más de 35 mil denuncias por violencia escolar se han acumulado en Chile desde 2020, pero solo una mínima parte terminó en fiscalizaciones reales. Un informe oficial revela fallas estructurales del sistema y deja en evidencia una pregunta incómoda: ¿quién está cuidando realmente la convivencia dentro de los colegios?
La Contraloría General de la República encendió una señal de alerta tras detectar graves deficiencias en el control de establecimientos educacionales con mayores niveles de conflictividad. Según el informe N°660 de 2025, los colegios que concentran más denuncias por violencia escolar no fueron priorizados para fiscalización, pese al aumento sostenido de casos en todo el país.
El análisis revisó la gestión de la Superintendencia de Educación y de la Subsecretaría de Educación, organismos responsables de ejecutar el programa “Convivencia y Salud Mental”.
Los resultados dejaron un diagnóstico preocupante: entre 2020 y el 13 de octubre de 2025 se registraron 35.410 denuncias por violencia escolar, pero solo 1.727 derivaron en procesos de fiscalización.
Miles de denuncias y escaso control estatal
El organismo contralor concluyó que la violencia escolar no solo persiste, sino que se mantiene como una de las principales crisis del sistema educativo chileno, especialmente en establecimientos públicos.
Lejos de disminuir, los episodios de agresión, conflictos graves y problemas de convivencia siguen acumulándose sin una supervisión proporcional del Estado.
El informe advierte que los colegios con mayores sanciones debieron haber sido prioridad para inspecciones, apoyo institucional y medidas preventivas. Sin embargo, aquello no ocurrió de manera sistemática.
En términos simples: los establecimientos más complejos quedaron prácticamente sin seguimiento efectivo.
Reubicaciones que repiten el problema
Uno de los hallazgos más críticos apunta a la reubicación de estudiantes expulsados o sancionados.
La auditoría detectó que 38 alumnos fueron reincorporados en los mismos establecimientos que los habían expulsado o trasladados a otros recintos con niveles similares de conflictividad, incumpliendo la normativa vigente.
El informe establece que:
- El 21% volvió al mismo colegio.
- El 79% fue enviado a otros establecimientos con altos índices de denuncias.
Entre los liceos analizados aparecen instituciones emblemáticas como el Instituto Nacional, el Liceo José Victorino Lastarria, el Internado Nacional Barros Arana, el Liceo de Aplicación, el Liceo Manuel Barros Borgoño, el Liceo 7 de Providencia y el Liceo Carmela Carvajal de Prat, ubicados en las comunas de Santiago y Providencia.
Para la Contraloría, esta práctica genera un efecto circular: estudiantes con conflictos graves terminan insertándose en entornos igualmente tensionados, sin soluciones estructurales ni apoyo suficiente.
Advertencia institucional: urge un cambio
Ante estos resultados, la Contraloría instruyó a las autoridades educacionales adoptar medidas coordinadas urgentes para fortalecer la fiscalización y establecer reglas claras en la reubicación de estudiantes sancionados.
El informe plantea un desafío mayor para la política pública: la violencia escolar dejó de ser un fenómeno aislado y se transformó en un problema sistémico que afecta la seguridad, el aprendizaje y la salud mental de comunidades completas.
Porque detrás de cada denuncia hay algo más que estadísticas: salas de clases tensionadas, docentes sobreexigidos y estudiantes que aprenden en ambientes cada vez más complejos.
Y la pregunta que queda instalada tras el informe es directa: si existen miles de denuncias, pero casi no hay fiscalización, quién está realmente supervisando la convivencia escolar en Chile.