El organismo advirtió que problemas administrativos y presupuestarios podrían afectar el proceso destinado a esclarecer vulneraciones de derechos humanos contra niños bajo cuidado estatal.
Organismo alerta dificultades operativas y llama al Estado a garantizar autonomía, financiamiento y participación de víctimas para resguardar el proceso reparatorio.
La Defensoría de la Niñez manifestó su preocupación por el futuro de la Comisión Asesora Presidencial de Verdad y Niñez, instancia creada para esclarecer vulneraciones de derechos humanos cometidas contra niños, niñas y adolescentes bajo cuidado estatal entre 1979 y 2024.
A través de una declaración pública, el organismo advirtió que la comisión constituye un mecanismo fundamental y excepcional, con un mandato reparatorio que requiere condiciones institucionales, técnicas, presupuestarias y éticas acordes a la magnitud del proceso.
Alertan dificultades que amenazan su funcionamiento
La Defensoría recordó que participó como observadora —junto a UNICEF— en las etapas preparatorias, donde ya había advertido la necesidad de fortalecer la autonomía del órgano, ampliar la participación de las víctimas y asegurar financiamiento suficiente para cumplir estándares internacionales de derechos humanos.
Si bien valoró la instalación de la comisión y su dependencia de la Presidencia de la República, subrayó que corresponde ahora al Estado garantizar su operatividad y evitar que decisiones administrativas o presupuestarias debiliten su labor.
Entre las principales dificultades detectadas se encuentran:
- Problemas de acceso a registros históricos de niños, niñas y adolescentes bajo protección estatal.
- Obstáculos para recopilar testimonios de víctimas.
- Bajo conocimiento público sobre la existencia y objetivos de la comisión.
Según la institución, estas limitaciones podrían comprometer directamente el cumplimiento del mandato de verdad, reparación y garantías de no repetición.
Llamado urgente al Estado: asegurar continuidad y autonomía
El organismo planteó que la comisión debe ser entendida como un compromiso permanente del Estado, y no como una iniciativa asociada a un gobierno en particular.
Entre las medidas urgentes solicitadas destacan:
- Resguardar la autonomía institucional.
- Garantizar financiamiento adecuado.
- Fortalecer la participación de víctimas y organizaciones de sobrevivientes.
- Implementar un plan de contingencia que otorgue estabilidad al proceso.
La Defensoría advirtió que cualquier debilitamiento podría afectar gravemente la confianza de las víctimas, muchas de las cuales han esperado décadas para ser escuchadas.
Confianza de las víctimas en juego
Finalmente, el organismo reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para adoptar medidas que permitan consolidar el proceso, señalando que escuchar y reparar a quienes sufrieron vulneraciones bajo tutela estatal constituye una obligación ética y democrática.