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Tohá acusa al gobierno de “distorsionar” cifras de seguridad: “Hay un deber de rigor y transparencia”

La exministra del Interior cuestionó la utilización del año 2021 como base comparativa en estadísticas de delitos violentos, advirtiendo riesgos de diagnósticos erróneos en seguridad pública.


Exministra del Interior cuestionó uso de datos presentado en seminario organizado por La Tercera y CAF, acusando comparaciones “engañosas” al tomar como referencia el año 2021, marcado por las restricciones sanitarias de la pandemia.

La exministra del Interior, Carolina Tohá, criticó al gobierno por el uso de estadísticas de seguridad pública durante un seminario organizado por La Tercera junto al CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, acusando una presentación “distorsionada” sobre la evolución de los delitos violentos en Chile.

A través de una carta titulada “Los datos importan”, enviada al mismo medio, la exsecretaria de Estado cuestionó que el Ejecutivo comparara cifras entre 2021 y 2025 para sostener un fuerte incremento de delitos como homicidios, secuestros, extorsiones y robos violentos.

Según Tohá, utilizar 2021 como año base constituye un error metodológico, debido a que ese período estuvo marcado por cuarentenas y restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de Covid-19, lo que provocó una reducción excepcional de la actividad delictual.

“Al omitir este criterio el gobierno optó conscientemente por transmitir una imagen distorsionada de la evolución de los delitos”, afirmó.

Debate sobre interpretación de cifras

La exministra sostuvo que, si bien la seguridad sigue siendo una preocupación ciudadana real, varios indicadores han mostrado variaciones distintas a las expuestas por el Ejecutivo.

En ese sentido, indicó que la tasa de homicidios alcanzó su punto máximo en 2022 y posteriormente inició una tendencia a la baja. Agregó que delitos como secuestros y robos con violencia también habrían registrado retrocesos recientes.

Respecto al aumento reportado en casos de extorsión, Tohá recordó que en 2023 se modificó la tipificación legal del delito, ampliando las conductas consideradas bajo esa categoría, lo que —a su juicio— obliga a interpretar las cifras con mayor cautela comparativa.

Críticas al uso político de los datos

La exautoridad advirtió que el uso selectivo de estadísticas puede afectar la calidad del debate público y conducir a diagnósticos equivocados en materia de seguridad.

“Las autoridades tienen derecho a promover su mirada política, pero no pueden acomodar los datos de la realidad para hacerlos coincidir con sus opiniones”, señaló.

Finalmente, Tohá llamó a medios de comunicación, academia y sociedad civil a ejercer un escrutinio riguroso sobre la información oficial, subrayando que la transparencia estadística constituye una condición básica para diseñar políticas públicas efectivas.

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