El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados exigió aclarar qué ocurrió con una denuncia presentada en La Moneda en 2023 por un ciudadano haitiano que alertó sobre una presunta red de explotación sexual infantil. Los oficios buscan determinar si los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía y qué acciones adoptaron las autoridades de la época.
El parlamentario ofició al Ministerio del Interior, al Ministerio de Seguridad Pública y al Ministerio Público para conocer qué acciones se adoptaron tras los antecedentes entregados en 2023 por un ciudadano haitiano.
El diputado Cristián Araya, presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, envió oficios al Ministerio del Interior, al Ministerio de Seguridad Pública y al Ministerio Público con el objetivo de esclarecer el destino de una denuncia presentada en La Moneda durante junio de 2023 por un ciudadano haitiano, quien habría advertido sobre una presunta red de explotación sexual infantil y otros delitos graves.
La acción fiscalizadora surge luego de la difusión de un reportaje televisivo que reveló que el denunciante ingresó al Palacio de La Moneda portando antecedentes que calificó como información sensible para la seguridad nacional, siendo posteriormente recibido por un asesor de la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá.
Según los antecedentes conocidos públicamente, durante dicho encuentro el ciudadano haitiano habría expuesto información relacionada con una presunta red de explotación infantil, abuso de menores y posibles actividades de espionaje.
Araya pide conocer qué ocurrió con los antecedentes
El parlamentario sostuvo que resulta indispensable determinar si las autoridades de la época adoptaron las medidas correspondientes frente a una denuncia de tal magnitud.
“Cuando las autoridades de la época ya tenían antecedentes de la inmigración descontrolada y alertas de situaciones irregulares, lo mínimo era tomarse en serio una denuncia como esta y derivarla al Ministerio Público”, afirmó.
Araya agregó que la ciudadanía tiene derecho a conocer si los antecedentes fueron investigados y qué decisiones adoptaron las autoridades responsables.
“Lo que corresponde ahora es establecer con total claridad qué ocurrió con esa denuncia. ¿Qué hizo la entonces ministra Tohá? ¿Se informó al presidente Boric? El país necesita saber que ante una denuncia de esta magnitud las autoridades hicieron algo, especialmente cuando se trataba de un tema que ocupaba un lugar relevante dentro de la agenda pública”, sostuvo.
Oficios buscan reconstruir el recorrido de la denuncia
A través de los requerimientos enviados a las instituciones involucradas, el diputado solicitó información detallada respecto de la reunión realizada en dependencias de La Moneda.
Entre los antecedentes requeridos figuran eventuales registros de la audiencia, la identidad de los funcionarios que participaron en ella, las acciones posteriores adoptadas por las autoridades y la eventual derivación de la información al Ministerio Público o a las policías.
Asimismo, pidió conocer si existe alguna investigación asociada a los hechos denunciados y si la información fue transferida al Ministerio de Seguridad Pública tras la reestructuración institucional impulsada por el actual gobierno.
Fiscalización sobre eventuales responsabilidades
El legislador sostuvo que la gravedad de los antecedentes conocidos obliga a ejercer una labor de fiscalización rigurosa respecto del actuar de los organismos públicos.
“Estamos hablando de una denuncia de la máxima gravedad. Nuestro deber como parlamentarios es fiscalizar que las instituciones hayan actuado conforme a la ley y que ningún antecedente de esta naturaleza haya quedado sin la investigación correspondiente”, señaló.
Caso se suma a debate sobre control migratorio y protección de menores
La solicitud de antecedentes se produce en medio de la discusión pública generada por distintos casos vinculados a procesos migratorios y protección de la infancia, materias que actualmente concentran la atención de organismos estatales y parlamentarios.
Por ahora, el objetivo de los oficios es establecer si la denuncia efectivamente fue recepcionada por las autoridades competentes, cuál fue su tratamiento institucional y si dio origen a diligencias investigativas por parte de los organismos encargados de perseguir eventuales delitos.