El gremio advirtió que seis proyectos eólicos marinos proyectados en el Golfo de Arauco podrían transformar el borde costero de la Región del Biobío y solicitó un Estudio de Impacto Económico-Social antes de cualquier aprobación ambiental.
El Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) manifestó su preocupación por la tramitación de seis proyectos de parques eólicos marinos en el Golfo de Arauco, asegurando que su desarrollo podría generar una transformación sin precedentes del borde costero de la Región del Biobío y afectar a miles de familias que dependen de la pesca artesanal.
La organización solicitó que, antes de cualquier aprobación ambiental, se exija un Estudio de Impacto Económico-Social (EISE) independiente, financiado por las empresas titulares e incorporado a cada Estudio de Impacto Ambiental.
Seis proyectos eólicos en evaluación
Según informó CONDEPP, los proyectos corresponden a Isla Santa María, Brisas Marinas, Espejo de Agua, Viento Azul, Agua Azul y Golfo de Arauco, los que consideran tecnología eólica flotante y concesiones marítimas por 30 años.
Los titulares están vinculados a empresas internacionales como Deep Wind Offshore, de Noruega, y Acciona, de España.
En conjunto, las iniciativas sumarían cerca de 5.970 MW de capacidad instalada, superando los 5.316 MW actualmente instalados en toda la Región del Biobío.
El proyecto de mayor envergadura, Isla Santa María, contempla la instalación de 75 aerogeneradores flotantes y una inversión estimada en USD 5.000 millones.
Preocupación por el impacto en la pesca artesanal
El gremio advirtió que hasta ahora no existe una evaluación integral sobre el efecto acumulado que tendría la instalación simultánea de los seis parques sobre la actividad pesquera artesanal.
Entre las principales preocupaciones se encuentran:
- La pérdida de caladeros históricos.
- La fragmentación del espacio marítimo.
- Rutas de navegación más extensas y complejas.
- Mayor riesgo para las embarcaciones durante condiciones climáticas adversas.
- Posibles efectos sobre especies marinas y ecosistemas debido al ruido submarino, cableados y estructuras flotantes.
CONDEPP sostuvo que ninguno de estos impactos ha sido cuantificado de manera independiente.
Más de 35 mil empleos podrían verse afectados
La organización recordó que el Golfo de Arauco concentra algunas de las principales pesquerías artesanales del país.
En Lebu, considerado el mayor puerto pesquero artesanal de Chile, operan más de 690 embarcaciones dedicadas a la reineta y alrededor de 400 encarnadoras, además de una importante actividad vinculada a la jibia, sardina común, anchoveta y jurel.
El valor bruto anual de estas pesquerías se estima en torno a $100 mil millones, generando más de 35 mil empleos directos e indirectos, según cifras entregadas por el gremio.
«No estamos contra la energía limpia»
El presidente de CONDEPP y FENASPAR, Hernán Cortés Bernal, afirmó que el gremio respalda el desarrollo de energías renovables, pero cuestionó que los proyectos avancen sin una evaluación completa de sus efectos sobre la pesca artesanal.
«Estamos ante una transformación sin precedentes del golfo, y la pregunta que nadie ha respondido es la más simple: ¿puede convivir este desarrollo energético con la pesca artesanal? No estamos contra la energía limpia. Estamos contra que se instale sobre el principal puerto artesanal de Chile sin que nadie haya medido cuál será el beneficio real para la región y cuánto van a perder los pescadores».
Asimismo, sostuvo que mientras cada parque declara menos de 25 empleos permanentes durante su operación, miles de familias dependen actualmente de las actividades pesqueras desarrolladas en el Golfo de Arauco.
Solicitan estudio independiente
Finalmente, CONDEPP pidió que la autoridad ambiental exija un Estudio de Impacto Económico-Social (EISE) para cada iniciativa, con el objetivo de cuantificar los efectos sobre las pesquerías de reineta, jibia y recursos pelágicos, además de evaluar el impacto en la navegación, la seguridad marítima, los ecosistemas y el empleo.
La organización también solicitó garantizar procesos de participación ciudadana y consulta indígena cuando corresponda, antes de emitir cualquier Resolución de Calificación Ambiental para estos proyectos.