Electricidad, agua y gas cuestionan la nueva obligación de reponer servicios suspendidos por deuda durante zonas de catástrofe. Las compañías advierten que los plazos podrían desviar cuadrillas de emergencia y generar riesgos de seguridad.
La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar el requerimiento presentado por el Gobierno generó preocupación entre las empresas de servicios básicos.
El TC desestimó por nueve votos contra uno el requerimiento del Ejecutivo contra el artículo 31 del proyecto de ley de reconstrucción.
La norma obliga a las empresas de electricidad, agua y gas a reponer el servicio cuando este haya sido suspendido por deudas.
La disposición opera cuando el cliente se encuentra dentro de una zona declarada como zona de catástrofe.
Además, establece plazos específicos para concretar la reposición. En electricidad y gas, el límite será de 48 horas. Para agua potable y alcantarillado, será de 24 horas.
Las empresas cuestionan tanto los plazos como la forma en que deberán distribuir sus recursos durante una emergencia.
Empresas eléctricas advierten por los recursos de emergencia
El director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, Juan Meriches, señaló que el sector espera conocer los fundamentos del fallo del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, sostuvo que la preocupación por el alcance de la norma se mantiene.
“Mantenemos nuestra preocupación por una norma que puede desviar recursos desde la reposición masiva del servicio”, afirmó.
Meriches también cuestionó que la legislación establezca plazos rígidos durante una catástrofe.
Según explicó, las condiciones de seguridad pueden variar considerablemente durante una emergencia.
“Esperamos que estos aspectos puedan ser revisados en los espacios que corresponda para evitar que la norma termine perjudicando a los propios usuarios”, agregó.
Empresas de gas: “La normativa es imposible de cumplir”
Una de las críticas más duras provino de la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN).
Su presidente ejecutivo, Carlos Cortés, sostuvo que el articulado presenta problemas técnicos que podrían afectar la seguridad de las personas.
“La normativa es imposible de cumplir resguardando la seguridad de todas las personas”, afirmó.
El representante explicó que antes de reconectar un suministro se deben revisar las redes y las instalaciones.
Ese proceso resulta especialmente relevante después de una emergencia.
Por ello, Cortés cuestionó que la norma establezca un plazo máximo de 48 horas para todos los casos.
A su juicio, las empresas podrían quedar ante una disyuntiva entre cumplir el plazo legal o garantizar que la reconexión sea segura.
“En gas, proteger a las personas empieza por no reconectar antes de saber que es seguro hacerlo”, sostuvo.
Sanitarias cuestionan uso de cuadrillas durante una emergencia
Desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) también manifestaron su disconformidad.
La organización planteó que la norma podría obligar a concentrar recursos en usuarios que mantienen deudas, mientras existen otras necesidades urgentes durante una catástrofe.
“En una situación de emergencia, esto implica destinar recursos operacionales y cuadrillas a casos individuales”, señalaron.
Según Andess, esos equipos podrían necesitarse para recuperar infraestructura dañada y restablecer el suministro para un número mayor de personas.
La asociación puso como ejemplo a hogares, hospitales y escuelas, que también requieren recuperar sus servicios durante una emergencia.
Por ello, las empresas sanitarias defendieron la necesidad de mantener flexibilidad para distribuir los recursos disponibles.
El conflicto entre la reposición y la emergencia
El debate se instala así tras el fallo del Tribunal Constitucional.
Por una parte, la nueva disposición busca proteger a personas que podrían quedar sin servicios básicos durante una zona de catástrofe debido a deudas previas.
Por otra, las empresas sostienen que la obligación puede generar dificultades operacionales durante situaciones en que las cuadrillas y recursos son limitados.
El punto más sensible está en los plazos de reposición.
Las compañías advierten que una emergencia puede exigir priorizar reparaciones masivas, evaluar riesgos y recuperar infraestructura crítica antes de realizar reconexiones individuales.
Mientras las empresas esperan conocer los fundamentos de la sentencia, el debate queda abierto sobre cómo aplicar la nueva norma sin comprometer la seguridad ni la recuperación general de los servicios.