El ministro de Hacienda enfrenta un escenario político más complejo que durante la megarreforma: deberá contener las críticas dentro del oficialismo, responder al PDG por los US$ 6.000 millones prometidos en campaña y negociar con gobernadores que rechazan los recortes regionales.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrenta la discusión del Presupuesto 2027 en un escenario político muy distinto al que acompañó la tramitación de la megarreforma económica. Esta vez, Hacienda no solo deberá buscar votos en la oposición: también tendrá que contener las diferencias dentro del propio oficialismo, responder a las exigencias del Partido de la Gente (PDG) y enfrentar la presión de los gobiernos regionales.
La señal quedó instalada este lunes durante el Comité Político ampliado en La Moneda. Ante los cuestionamientos de los partidos oficialistas por la falta de coordinación previa en la definición de algunas partidas, Quiroz abrió la puerta a modificar el proyecto y aseguró que “cada punto” puede ser negociado si existen antecedentes que justifiquen los cambios.
El planteamiento marca un tono diferente al utilizado durante la discusión de la megarreforma. Ahora, la estrategia de Hacienda deberá combinar disciplina fiscal con capacidad de negociación política, en medio de cuestionamientos a diversos recortes incluidos en el proyecto.
Recortes cuestionados dentro del oficialismo
Uno de los primeros focos de tensión apareció tras conocerse la eliminación del financiamiento para el programa escolar “Yo elijo mi PC”. La senadora RN María José Gatica cuestionó que los partidos no hubieran contado previamente con información suficiente sobre las decisiones de Hacienda.
“Creo que habría sido lo prudente y lo óptimo, pero no lo fue. Hoy no nos queda nada más que corregir”, sostuvo.
Las críticas no se han limitado a ese programa. Entre las partidas cuestionadas aparecen también una reducción cercana al 47% en Liceos Bicentenario, una disminución de alrededor de 10% en el presupuesto de Culturas y un recorte superior al 25% en Sitios de Memoria.
El senador Matías Walker planteó que la discusión presupuestaria debe servir para identificar partidas susceptibles de mejorar y puso el foco en la inversión pública como mecanismo para generar empleo. En la misma línea, el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke calificó como “excesiva, innecesaria y marginal” la reducción contemplada para Cultura.
El diputado Diego Schalper (RN), en tanto, confirmó que durante el Comité Político se acordó reforzar la coordinación entre Hacienda y los partidos durante la tramitación del proyecto.
La presidenta de RN, Andrea Balladares, también ha planteado que el desafío consiste en reducir el gasto sin afectar derechos sociales ni beneficios que ya reciben las familias.
El PDG pone sobre la mesa los US$ 6.000 millones
A las diferencias dentro de Chile Vamos se suma el frente abierto por el Partido de la Gente. Su líder, Franco Parisi, exigió al Gobierno explicar cómo se reflejan en las cuentas fiscales los US$ 6.000 millones de ahorro comprometidos por José Antonio Kast durante la campaña para sus primeros 18 meses de administración.
“No se hace mención alguna a los US$ 6.000 millones de ahorro, ¿o era una metáfora?”, cuestionó Parisi.
El emplazamiento introduce una dificultad adicional para Hacienda. El Ejecutivo sostiene que la cifra corresponde a un ahorro proyectado y no necesariamente a una reducción nominal del gasto en el Presupuesto 2027. Por ello, la discusión deberá precisar cuál es la línea base utilizada y cómo se contabiliza ese compromiso dentro de las proyecciones fiscales.
Las dudas del PDG también apuntan al nivel de endeudamiento y a la posibilidad de reducir las remuneraciones más altas del Estado. La posición de la bancada anticipa que el respaldo parlamentario no estará garantizado y que las negociaciones deberán abordar demandas específicas.
En ese contexto, los US$ 6.000 millones pueden convertirse en uno de los principales puntos de presión política para Quiroz durante la tramitación.
Gobernadores cuestionan el ajuste y exigen recursos para inversión
El tercer frente se encuentra en las regiones. Los gobernadores han cuestionado una reducción cercana al 6% de sus presupuestos y han advertido que una menor disponibilidad de recursos puede afectar la inversión pública y el empleo.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuestionó la decisión y apuntó a una contradicción entre el discurso del Ejecutivo sobre descentralización y la disminución de recursos regionales.
El debate adquiere especial relevancia en un escenario de debilidad del mercado laboral. La discusión presupuestaria ya no se concentra únicamente en cuánto crecerá el gasto, sino también en qué áreas se concentrará la inversión y qué impacto tendrá sobre la actividad económica y el empleo.
Desde el Senado también surgieron cuestionamientos. Yasna Provoste e Iván Flores criticaron el aumento de 1,5% contemplado para el Presupuesto. Flores advirtió que ese incremento podría resultar insuficiente para enfrentar los mayores costos de hospitales, consultorios, municipios y otros servicios públicos.
“El ministro Quiroz tiene que salir de su oficina y darse una vuelta por regiones”, sostuvo Flores, quien calificó el proyecto como “amarrete y al debe”.
El senador planteó además que la discusión debe determinar cuánto de ese 1,5% corresponde efectivamente a nuevos recursos y cuánto será absorbido por mayores costos y obligaciones existentes.
El primer examen será el Informe de Finanzas Públicas
El escenario que enfrenta Quiroz presenta diferencias importantes respecto de la negociación de la megarreforma. En aquella discusión, Hacienda concentró sus esfuerzos en conseguir los votos que no tenía. Ahora deberá mantener cohesionada a su propia coalición, responder a las exigencias del PDG y buscar apoyos adicionales para sacar adelante el proyecto.
La dificultad aumenta por un escenario económico menos favorable. El Imacec negativo, un desempleo de 9,6% y perspectivas de crecimiento inferiores a las que Hacienda había proyectado meses atrás agregan presión a la discusión.
Por eso, el debate del Presupuesto 2027 tendrá una dimensión técnica y otra eminentemente política. Quiroz deberá definir cuánto está dispuesto a modificar de su propuesta original sin comprometer el objetivo de consolidación fiscal.
La primera prueba será el Informe de Finanzas Públicas que presentará la Dirección de Presupuestos (Dipres). Allí deberán quedar establecidas las proyecciones de crecimiento, deuda, déficit e ingresos, además de la metodología utilizada para contabilizar los US$ 6.000 millones de ahorro comprometidos por Kast.
El desafío de Quiroz, en definitiva, ya no será simplemente aprobar un presupuesto. Será construir una mayoría capaz de sostenerlo, explicar sus recortes y demostrar que las cifras anunciadas son compatibles con las promesas económicas del Gobierno.