A siete años del 18-O, el sociólogo de la Universidad Católica sostiene que las preocupaciones económicas comienzan a disputar el protagonismo de la seguridad y advierte que demandas vinculadas al rol del Estado y la vulnerabilidad social podrían recuperar espacio político. Aunque descarta un nuevo estallido en el corto plazo, señala que las decisiones gubernamentales y la percepción de incumplimiento de responsabilidades sociales pueden reactivar movilizaciones.
A siete años del estallido social de octubre de 2019, Chile enfrenta una nueva conmemoración marcada por el cambio en las prioridades ciudadanas, las presiones políticas por eventuales indultos a uniformados condenados y las dificultades del Gobierno del presidente José Antonio Kast para mantener el orden público como eje central de su agenda.
En entrevista con El Mostrador, Nicolás Somma, académico del Instituto de Sociología de la Universidad Católica y especialista en movimientos sociales, plantea que el significado político del 18-O continúa en disputa. A su juicio, el estallido fue un acontecimiento que modificó la historia reciente del país, pero cuya interpretación puede cambiar según el escenario político y las preocupaciones de la ciudadanía.
El sociólogo advierte que temas vinculados con la vulnerabilidad social y el papel del Estado, que perdieron protagonismo tras el rechazo de los procesos constitucionales, podrían volver a instalarse en la discusión pública. En ese escenario, identifica el desempleo como uno de los factores capaces de tensionar la agenda gubernamental y abrir espacio a nuevas críticas.
El desempleo comienza a disputar el protagonismo de la seguridad
Somma sostiene que las prioridades ciudadanas no son inamovibles y responden tanto a las condiciones económicas y sociales como a la capacidad de los liderazgos políticos para instalar determinados temas. Por ello, advierte que la preocupación por la seguridad no ha desaparecido, pero comienza a compartir espacio con inquietudes materiales que afectan directamente a los hogares.
“ No creo que la preocupación por la seguridad haya quedado en un segundo plano, pero sí está empezando a ser seriamente disputada por preocupaciones materiales como el desempleo”, señala el académico en la entrevista.
El análisis adquiere relevancia en un contexto en que el Gobierno ha puesto énfasis en la reactivación económica mediante la inversión y la reducción de trabas regulatorias. Según Somma, si el empleo no mejora y aumenta la preocupación por las condiciones de vida, podrían surgir nuevos focos de cuestionamiento a la gestión gubernamental.
El especialista advierte que la combinación de dificultades económicas y pérdida de legitimidad puede generar un escenario complejo para las autoridades. Sin embargo, distingue entre el surgimiento de malestar social y la posibilidad de que ese descontento alcance una magnitud comparable con las movilizaciones de octubre de 2019.
En su evaluación, no existen señales suficientes para anticipar un nuevo estallido en el corto plazo. Estos fenómenos, explica, son extraordinarios y dependen de una combinación de factores que no se repite necesariamente bajo las mismas condiciones.
El 18-O sigue en disputa y los indultos tensionan a la derecha
Al abordar el significado del estallido social, Somma plantea que el acontecimiento se convirtió en una fuente de símbolos y relatos contrapuestos. Mientras algunos sectores lo interpretaron como una expresión masiva de rechazo al modelo económico, otros lo asociaron principalmente con la violencia y los intentos de desestabilización institucional.
Para el sociólogo, la llegada de un sector político al Gobierno no necesariamente elimina las disputas internas. En el caso de la derecha, identifica diferencias entre sus distintas corrientes y una tensión entre los sectores que promueven posiciones más duras y aquellos que deben buscar acuerdos para sostener la gestión gubernamental y conseguir respaldo parlamentario.
En ese contexto, las presiones para que el presidente José Antonio Kast conceda indultos a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social representan un desafío político. Somma sostiene que estas decisiones pueden abrir controversias incluso entre quienes comparten una misma orientación política.
“Indultar a reclusos es siempre una fuente de posibles complicaciones para un Gobierno”, afirma el académico, quien recuerda que este tipo de decisiones puede generar cuestionamientos sobre los antecedentes considerados y los criterios utilizados para justificar la clemencia presidencial.
El debate, por tanto, no se limita a la relación del Gobierno con los sectores que exigen los indultos. También involucra la construcción de una memoria política sobre el 18-O y las distintas interpretaciones acerca de la actuación del Estado durante las manifestaciones.
Las mayorías silenciosas desplazan a los movimientos sociales
Otro de los cambios que identifica Somma es la menor capacidad de incidencia que actualmente tienen los movimientos sociales en comparación con la década comprendida entre 2010 y 2020. Durante ese período, las movilizaciones estudiantiles y otras expresiones colectivas contribuyeron a instalar demandas que posteriormente se tradujeron en reformas políticas y sociales.
El escenario actual, en cambio, estaría marcado por una menor movilización y por el protagonismo de sectores de la ciudadanía que tradicionalmente participaban poco en las elecciones. El académico sostiene que el voto obligatorio ha reforzado el peso electoral de estas mayorías, obligando a los partidos a prestar mayor atención a sus prioridades.
“Las prioridades del Gobierno y los partidos en el Congreso no pasan por tomar en cuenta las demandas de los movimientos sociales, que están con un nivel de movilización mucho más bajo, sino de esas mayorías silenciosas que en definitiva son las que en un contexto de voto obligatorio terminan decidiendo las elecciones”, explica.
A su juicio, este cambio reduce la capacidad de influencia de las organizaciones que basan su poder en las movilizaciones callejeras. Mientras los partidos buscan responder a las preocupaciones de un electorado más amplio, los movimientos sociales enfrentan dificultades para instalar agendas transversales que convoquen a distintos sectores de la población.
Somma también considera que la rearticulación de estas organizaciones no parece especialmente probable en el corto plazo. Las movilizaciones requieren demandas capaces de generar indignación compartida, liderazgos que articulen las protestas y una percepción de que la acción colectiva puede conseguir resultados.
No obstante, el académico no descarta que ese escenario cambie. Los movimientos sociales, señala, también pueden contribuir a instalar temas que inicialmente no figuran entre las principales preocupaciones de la ciudadanía y movilizar a personas que hasta entonces permanecían al margen.
Recortes y pérdida de legitimidad pueden reactivar el malestar
La posibilidad de nuevas movilizaciones dependerá, según Somma, de cómo evolucionen las condiciones económicas y de las decisiones que adopten las autoridades. Los gobiernos que reducen beneficios o cuyas medidas son interpretadas como una ruptura del compromiso del Estado con la ciudadanía pueden quedar más expuestos a episodios de protesta.
El especialista recuerda que los estallidos sociales son difíciles de predecir y que no todas las movilizaciones tienen la misma capacidad de expansión. Una protesta estudiantil o sectorial puede alcanzar relevancia pública sin necesariamente conseguir que otros grupos sociales se sumen a ella.
En ese sentido, considera importante distinguir entre manifestaciones acotadas y un proceso de movilización masiva como el ocurrido en 2019. Para que el malestar se transforme en una crisis de mayor escala, no basta con que exista descontento: también influyen la cohesión de las organizaciones, la presencia de liderazgos y la capacidad de articular demandas compartidas.
La advertencia central de Somma apunta a que el escenario político chileno no está cerrado. Aunque el orden público mantiene un lugar importante en la agenda, el desempleo y las preocupaciones materiales podrían modificar las prioridades ciudadanas y devolver visibilidad a demandas sociales que parecían relegadas tras el fracaso constitucional.
A siete años del 18-O, el académico no anticipa una repetición inmediata de aquel episodio, pero plantea que la interpretación del estallido y las condiciones que podrían impulsar nuevas protestas siguen evolucionando. El desafío para el Gobierno será responder a esas transformaciones sin perder de vista que las demandas económicas y sociales pueden recuperar protagonismo cuando las condiciones de vida comienzan a tensionar la relación entre la ciudadanía y el Estado.