Los parlamentarios socialistas acudieron a la Fiscalía Nacional para solicitar que se investiguen las inversiones en derivados de tasas de interés extranjeras, las advertencias que habrían recibido las administradoras y las eventuales responsabilidades penales.
El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del Partido Socialista (PS), presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que se investiguen las decisiones de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en derivados de tasas de interés extranjeras, luego de que se reportara una valorización negativa cercana a los US$7.700 millones en estas posiciones.
La acción busca esclarecer cómo se tomaron las decisiones de inversión, si las administradoras mantuvieron una exposición excesiva pese a las advertencias internas y si los hechos pudieran configurar delitos, entre ellos una eventual administración desleal.
“Las AFP apostaron con la plata de la jubilación de los chilenos y perdieron 7.700 millones de dólares. Mientras los trabajadores ven cómo se pierde plata, las AFP se forran”, afirmó el diputado Manouchehri.
El parlamentario agregó que la denuncia busca determinar quiénes tomaron las decisiones cuestionadas y si existieron beneficios particulares o responsabilidades que deban ser investigadas por la justicia.
Denuncia apunta a advertencias sobre las inversiones
Los antecedentes presentados por los legisladores recogen información publicada por Bloomberg, que reportó una valorización negativa aproximada de US$7.700 millones en posiciones en derivados de tasas de interés extranjeras del sistema previsional chileno a septiembre.
Según el medio, que citó a personas familiarizadas con las conversaciones, ejecutivos de las AFP habrían solicitado establecer límites para estas operaciones. Sin embargo, las inversiones habrían continuado ante la preocupación de algunas administradoras por quedar rezagadas frente a sus competidoras en términos de rentabilidad.
Este antecedente constituye uno de los puntos centrales de la denuncia, que busca determinar si las advertencias fueron consideradas y qué criterios prevalecieron al momento de mantener las posiciones financieras.
Los derivados de tasas de interés son instrumentos utilizados para gestionar riesgos financieros y tomar posiciones vinculadas a las variaciones de las tasas. Su resultado depende, entre otros factores, de los movimientos del mercado y de las características de cada operación.
Por ello, una valorización negativa de estas posiciones no equivale necesariamente, por sí sola, a una pérdida realizada de igual magnitud para los fondos. La investigación solicitada deberá esclarecer el alcance económico de las operaciones, sus efectos sobre los ahorros previsionales y las decisiones que las originaron.
Cicardini exige determinar responsabilidades
La senadora Daniella Cicardini cuestionó la forma en que se habrían gestionado las inversiones y sostuvo que las administradoras deben responder por las decisiones que adopten en relación con los recursos previsionales de sus afiliados.
“Las AFP cobran por administrar una plata que no les pertenece. No para usarla como fichas de casino. Están apostando con años de trabajo y sacrificio de millones de chilenos”, señaló.
La parlamentaria afirmó que la denuncia busca esclarecer si existieron alertas que no fueron atendidas y determinar las responsabilidades correspondientes en caso de comprobarse irregularidades.
“Se tiene que investigar a fondo, porque acá hubo alertas y simplemente se ignoraron. Las AFP tienen que asumir las responsabilidades que les correspondan y, si hubo delitos, que caiga todo el rigor de la ley”, agregó.
Las declaraciones de ambos parlamentarios apuntan a establecer si las decisiones cuestionadas se ajustaron a las obligaciones de las administradoras y si se priorizaron los intereses de las entidades por sobre los de los afiliados.
Fiscalía deberá esclarecer eventuales responsabilidades penales
Entre las solicitudes planteadas por los legisladores se encuentra examinar una eventual administración desleal, establecer quiénes participaron en las decisiones de inversión y determinar si corresponde atribuir responsabilidad penal a las administradoras como personas jurídicas.
La presentación también busca esclarecer si la exposición a estos instrumentos financieros se mantuvo pese a las advertencias y cuáles fueron los criterios utilizados para evaluar los riesgos.
La denuncia constituye una solicitud de investigación y no acredita, por sí misma, la existencia de delitos ni la responsabilidad de personas o empresas determinadas. Corresponderá al Ministerio Público analizar los antecedentes y establecer si existen elementos para desarrollar diligencias investigativas.
Manouchehri y Cicardini señalaron que esperan que la investigación permita aclarar lo ocurrido y determinar las responsabilidades que eventualmente correspondan, en una materia que involucra la administración de los ahorros previsionales de millones de trabajadores chilenos.