La sociedad Agrícola Chacabuco Quality Grapes, vinculada al jefe del Segundo Piso de La Moneda, mantiene un contrato de arrendamiento con el Ejército hasta 2047 que incluye terrenos, pozos y cuatro vertientes en Peldehue. La Tesorería inició acciones judiciales para cobrar patentes impagas por $149 millones y una cláusula contractual establece que el incumplimiento de estos pagos puede constituir causal de término del acuerdo.
La controversia por el no pago de patentes de derechos de aprovechamiento de aguas de una empresa vinculada a Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, abrió un nuevo frente que involucra directamente al Ejército. El punto de conflicto está en un contrato de arrendamiento de terrenos militares en Peldehue, comuna de Colina, que se extiende hasta junio de 2047 y contempla el uso de recursos hídricos pertenecientes a la institución.
Se trata de Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., compañía fundada por Irarrázaval junto al agricultor Rafael Jordán, que acumula una deuda de aproximadamente $149 millones por concepto de patentes asociadas al no uso de derechos de aprovechamiento de aguas.
La Tesorería General de la República presentó una demanda ejecutiva de cobro el 28 de mayo de 2026 ante el 24° Juzgado Civil de Santiago. La acción se enmarca en un procedimiento que involucra a 133 empresas y personas naturales con obligaciones pendientes por este concepto.
El caso adquiere especial relevancia por las condiciones del contrato suscrito con el Ejército. El documento establece que el incumplimiento en el pago de derechos, patentes o mantenciones vinculadas a la disponibilidad del recurso hídrico constituye una causal de incumplimiento contractual.
En consecuencia, la situación no solo involucra una obligación económica con el Estado, sino que también plantea interrogantes sobre la continuidad del acuerdo que permite a la agrícola explotar terrenos y recursos hídricos de propiedad militar.
Un contrato hasta 2047 que incluye pozos y cuatro vertientes
La relación entre Agrícola Chacabuco Quality Grapes y el Ejército comenzó en agosto de 2006, cuando la institución suscribió un contrato de arrendamiento que permitió a la sociedad ocupar 160 hectáreas de la Hacienda Peldehue, un terreno colindante con la actual Brigada de Operaciones Especiales Lautaro.
En septiembre de 2007, ambas partes modificaron el acuerdo y trasladaron la responsabilidad contractual al Comando de Bienestar del Ejército.
Sin embargo, el cambio más significativo llegó en junio de 2016. Mediante un nuevo contrato, la institución amplió la superficie entregada en arrendamiento e incorporó terrenos del fundo Baños de Colina. El acuerdo comenzó a regir el 1 de julio de ese año y estableció su vencimiento para el 30 de junio de 2047.
Pero el contrato no contempló únicamente terrenos agrícolas. También puso a disposición de la empresa recursos hídricos y derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas pertenecientes al Ejército.
Entre ellos figuran pozos y el aprovechamiento de cuatro vertientes: Carvajalino, Termas de Colina, El Sauce y Quebrada La Leona.
Uno de los aspectos más relevantes del documento es la obligación que establece respecto del mantenimiento de la infraestructura de riego y el cumplimiento de los pagos asociados a la disponibilidad del agua.
La cláusula contractual distingue entre la escasez natural del recurso y aquella que pudiera originarse por incumplimientos atribuibles a la empresa. En ese sentido, establece expresamente que si la falta de agua se debe al incumplimiento de pagos de derechos, patentes o mantenciones, dicha situación sí constituye incumplimiento contractual.
Este punto adquiere especial importancia frente a la demanda de Tesorería, pues abre la posibilidad de que el Ejército deba evaluar las consecuencias contractuales de las obligaciones impagas.
Los $149 millones y la disputa con la Dirección General de Aguas
Según los antecedentes de Tesorería, Agrícola Chacabuco Quality Grapes acumulaba obligaciones por $149.100.950 correspondientes a patentes por no utilización de derechos de aprovechamiento de aguas.
Los cobros comprenden distintos períodos entre 2015 y 2024, con excepción de 2016 y 2018. La controversia, sin embargo, no es reciente.
Desde 2017 la compañía mantiene una disputa con la Dirección General de Aguas (DGA), cuestionando judicialmente los cobros y buscando que se declare la prescripción de determinadas obligaciones.
En 2023, la empresa presentó una acción judicial para solicitar que se declarara prescrita una deuda superior a $28 millones, correspondiente a patentes de 2017 y 2020.
La situación también tiene consecuencias sobre los derechos de aprovechamiento, ya que la Tesorería busca recuperar los montos adeudados mediante los mecanismos de cobro establecidos por la legislación, que pueden incluir el remate público de los derechos afectados.
La eventual subasta plantea un escenario complejo para la relación contractual con el Ejército, considerando que los recursos hídricos forman parte de los bienes y derechos contemplados en el acuerdo de arrendamiento.
La vinculación societaria y las explicaciones del entorno de Irarrázaval
Aunque Alejandro Irarrázaval ya no desempeñaría funciones ejecutivas en Agrícola Chacabuco Quality Grapes, su vinculación con la estructura societaria continúa siendo parte de los antecedentes del caso.
Dos sociedades relacionadas con su trayectoria empresarial, Río Colina S.A. e Inversiones San Juan Limitada, participan en la estructura societaria vinculada a la compañía.
Desde el entorno del jefe de asesores del Segundo Piso señalaron que dejó sus funciones ejecutivas en agosto de 2025, cuando se conformó una nueva administración en la empresa.
Asimismo, sostuvieron que los cobros de patentes han sido cuestionados mediante los mecanismos administrativos y judiciales contemplados en la legislación. Según su explicación, la controversia también está relacionada con los procesos de autorización y habilitación de puntos de captación de agua.
El Gobierno también abordó públicamente la situación. El ministro secretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, sostuvo que antes de emitir un juicio era necesario establecer los antecedentes y revisar los procedimientos involucrados. Posteriormente, afirmó que la situación no configuraría una incompatibilidad para que Irarrázaval continúe desempeñándose como asesor presidencial.
Por su parte, el Ejército fue consultado respecto de las eventuales consecuencias contractuales y la posibilidad de aplicar las cláusulas de incumplimiento. Sin embargo, hasta el cierre de los antecedentes publicados no se había entregado una respuesta institucional.
De esta manera, el caso deja abiertas interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones económicas, la administración de los recursos hídricos pertenecientes al Ejército y las eventuales consecuencias de un contrato que compromete terrenos y derechos de agua fiscales hasta 2047.
La discusión ya no se limita al cobro de una deuda: también involucra la responsabilidad contractual de una empresa privada que utiliza recursos de una institución del Estado y las decisiones que deberá adoptar el Ejército frente a los incumplimientos que eventualmente se acrediten.