Fiscalía acusa a senador Miguel Ángel Calisto y otros siete imputados por presunto fraude al Fisco superior a $100 millones

La Fiscalía Regional de Aysén presentó acusación contra el senador Miguel Ángel Calisto y otros siete imputados por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones. El Ministerio Público sostiene que operó un esquema de asesorías parlamentarias ficticias que habría permitido desviar más de $100 millones en recursos públicos.


El Ministerio Público sostiene que existió un esquema reiterado de asesorías parlamentarias ficticias para desviar recursos públicos. La acusación será revisada en un futuro juicio oral.

La Fiscalía Regional de Aysén presentó una acusación formal contra ocho personas, entre ellas el senador Miguel Ángel Calisto, por su presunta participación en delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, en una investigación que apunta al desvío de más de 100 millones de pesos mediante un supuesto sistema de asesorías parlamentarias ficticias.

La acción judicial es el resultado de una investigación desarrollada por la Fiscalía Local de Coyhaique junto a la Policía de Investigaciones (PDI), la cual reunió antecedentes documentales, declaraciones de testigos e informes periciales que, según el Ministerio Público, permitirían acreditar los hechos durante el juicio oral.

El Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky, explicó que la acusación se basa en un conjunto robusto de pruebas recopiladas durante la investigación y sostuvo que existen antecedentes suficientes para perseguir la responsabilidad penal de los acusados.

Fiscalía describe un esquema sistemático de asesorías parlamentarias ficticias

De acuerdo con la acusación, entre los principales imputados se encuentran el senador Miguel Ángel Calisto, Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo, quienes enfrentan cargos por delitos que contemplan penas de crimen debido al monto defraudado y a la reiteración de las conductas investigadas.

Según la Fiscalía, la investigación permitió establecer la existencia de un mecanismo sistemático destinado a obtener recursos públicos mediante la simulación de prestaciones de servicios parlamentarios.

En ese contexto, el Ministerio Público sostiene que Carla Graf Toledo figuró como asesora parlamentaria del entonces diputado Miguel Ángel Calisto, pero que dichas funciones no se habrían ejecutado de manera efectiva, transformándose los contratos en un mecanismo para acceder irregularmente a fondos fiscales.

La acusación agrega que los pagos efectuados por el Congreso Nacional a la imputada habrían sido posteriormente transferidos, entre otros destinatarios, al propio parlamentario y a Roland Cárcamo Catalán, recursos que habrían sido utilizados para fines personales.

Al explicar el funcionamiento del supuesto esquema, el fiscal Hernán Libedinsky señaló que, de acuerdo con los antecedentes reunidos, «en otras palabras, se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora», afirmación que resume la tesis que sostendrá el Ministerio Público durante el proceso judicial.

Caso avanzará a juicio oral

Con la presentación de la acusación, la causa ingresa a una nueva etapa procesal que culminará con un juicio oral, instancia en la que la Fiscalía buscará demostrar la responsabilidad penal de los ocho acusados.

Durante ese proceso será el tribunal el que deberá valorar las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por las defensas de los imputados, resolviendo finalmente si existen responsabilidades penales respecto de los delitos investigados.

La Fiscalía sostiene que el perjuicio fiscal supera los 100 millones de pesos, razón por la cual los principales imputados enfrentan cargos que contemplan penas de alta gravedad en caso de una eventual condena.

Por ahora, los acusados mantienen la presunción de inocencia, principio fundamental del sistema penal chileno, hasta que exista una sentencia firme dictada por los tribunales de justicia.

El caso se suma a otras investigaciones que en los últimos años han puesto bajo escrutinio el uso de recursos públicos destinados a asesorías parlamentarias, materia que ha generado un amplio debate respecto de los mecanismos de control y transparencia en el Congreso Nacional.

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