El Partido de la Gente se ha convertido en un actor relevante para las votaciones estrechas del Congreso. Sus parlamentarios negocian con el Gobierno, fijan condiciones para iniciativas como Sala Cuna Universal y Presupuesto 2027, mientras el Frente Amplio busca abrir un canal de entendimiento con la bancada.
“En este Gobierno hace falta que pongan un poquito de corazón”, señaló esta semana el jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, al abordar el financiamiento del proyecto de Sala Cuna Universal.
La frase resume una posición que se ha vuelto recurrente: el PDG respalda el objetivo de determinadas iniciativas, pero no necesariamente las fórmulas propuestas por el Ejecutivo.
En el caso de Sala Cuna, la bancada ha cuestionado específicamente el uso de recursos asociados al Seguro de Cesantía para financiar el beneficio. Valenzuela ha planteado que esos fondos no deberían utilizarse y que el partido está disponible para discutir alternativas.
El resultado es una bancada que evita comprometer anticipadamente sus votos y que, en la práctica, adquiere un peso relevante cuando el Gobierno necesita construir mayorías proyecto por proyecto.
El PDG negocia voto a voto
La posición del partido no se limita a Sala Cuna.
En julio, la bancada ya había anunciado que rechazaría determinados artículos de la denominada megarreforma del Ejecutivo con el objetivo de enviarlos a una comisión mixta y buscar modificaciones. Entre las materias cuestionadas estaban Sala Cuna, la franquicia Sence, el Fondo de Emergencia y las compensaciones municipales por contribuciones.
Esa lógica volvió a quedar expuesta con el proyecto que establece una compensación del IVA de medicamentos y pañales.
La Cámara aprobó ampliamente la iniciativa el 29 de septiembre. La propuesta había sido impulsada por el propio PDG y formó parte del acuerdo que permitió avanzar la idea de legislar de la megarreforma.
Más que una alianza permanente, lo que aparece es una dinámica de negociación legislativa puntual, donde los votos de la bancada pueden quedar vinculados a determinadas condiciones o compromisos.
Presupuesto 2027: la próxima prueba
El siguiente escenario será la discusión del Presupuesto 2027.
Franco Parisi ya instaló tres preguntas que reflejan las prioridades que el partido pretende llevar a esa discusión: qué ocurrirá con los US$6.000 millones de ahorro anunciados, cuánto se endeudará Chile durante el próximo año y qué pasará con las remuneraciones de los funcionarios públicos.
Los parlamentarios del PDG han anticipado que revisarán la denominada “letra chica” del proyecto y que el ajuste fiscal no debería traducirse en una reducción de la inversión regional.
La discusión presupuestaria puede convertirse así en una nueva prueba para la capacidad negociadora de la bancada. El Gobierno necesitará votos para aprobar distintas partidas y los parlamentarios del PDG buscarán utilizar esa posición para instalar sus propias prioridades.
La cuestión central será hasta dónde llegará esa negociación y qué concesiones estará dispuesto a realizar el Ejecutivo para asegurar los respaldos necesarios.
El Frente Amplio también busca acercarse
El Gobierno no es el único sector interesado en la posición del PDG.
El Frente Amplio ha comenzado a construir canales de comunicación con la bancada para ampliar sus posibilidades de incidencia en el Congreso y dificultar, cuando corresponda, la aprobación de iniciativas del Ejecutivo.
Una de las expresiones más concretas se encuentra en la Comisión de Trabajo, donde la presidenta del FA, Gael Yeomans, ha estrechado la coordinación con la diputada Tamara Ramírez, del PDG. Ambas han trabajado en materias laborales y recientemente coincidieron en planteamientos relacionados con Sala Cuna Universal.
El acercamiento no significa, al menos por ahora, la existencia de una alianza política formal. La propia dinámica del PDG apunta más bien a acuerdos específicos según cada proyecto.
Pero para el Gobierno la situación introduce una dificultad adicional: los votos que necesita para aprobar sus iniciativas también pueden ser buscados por la oposición.
Un péndulo con costo político
La particularidad del PDG está precisamente en esa posición intermedia. La bancada puede coincidir con el Gobierno en determinadas materias y, al mismo tiempo, rechazar mecanismos centrales de sus proyectos.
La misma lógica le permite acercarse a sectores opositores sin necesariamente incorporarse a sus bloques.
En un Congreso donde cada votación puede requerir acuerdos transversales, esa autonomía tiene un valor político evidente. Pero también tiene un costo: cada decisión obliga al partido a explicar qué condiciones está dispuesto a aceptar, cuáles rechaza y hasta dónde llega su independencia respecto de oficialismo y oposición.
El Presupuesto 2027 será probablemente el escenario donde esa tensión se hará más visible.
El PDG tendrá que decidir cuánto puede tensar las negociaciones sin perder capacidad de incidencia, mientras el Gobierno y la oposición intentarán atraer una bancada cuyos votos pueden resultar determinantes en proyectos clave.
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