El Senado aprobó por 31 votos a favor y 10 en contra la autorización para contraer deuda por hasta US$25.000 millones. El entendimiento con Hacienda incluyó recursos para pensiones, salud y educación, pero desató cuestionamientos del Partido Socialista, que acusa a sus aliados de debilitar la estrategia opositora.
Jorge Quiroz consiguió el respaldo parlamentario que necesitaba para destrabar una de las disposiciones centrales del Presupuesto 2027, pero la negociación terminó abriendo un nuevo conflicto político en la oposición. El acuerdo alcanzado por el ministro de Hacienda con senadores del Partido Comunista (PC), el Partido por la Democracia (PPD) y la Democracia Cristiana (DC) provocó el rechazo del Partido Socialista (PS), que cuestionó a sus aliados por entregar sus votos para autorizar el endeudamiento del Gobierno.
El Senado aprobó por 31 votos a favor y 10 en contra la reposición de la norma que autoriza al Presidente José Antonio Kast a contraer obligaciones por hasta US$25.000 millones. La disposición había sido rechazada durante su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, convirtiéndose en una de las principales herramientas de presión de la oposición durante la negociación presupuestaria.
El cambio de escenario se produjo luego de que Quiroz comprometiera US$160 millones para el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), además de recursos y compromisos relacionados con salud y educación. Entre las medidas anunciadas figuran financiamiento para la Ley Ricarte Soto y la reposición de fondos para las Becas Acceso TIC.
Sin embargo, el entendimiento no logró mantener la coordinación opositora. Mientras senadores del PC, PPD y DC respaldaron la autorización de endeudamiento, el PS y el Frente Amplio rechazaron la disposición.
La senadora socialista Daniella Cicardini cuestionó directamente la negociación y expresó su desconcierto frente al acercamiento entre sus aliados y el titular de Hacienda.
“Me cuesta entender esta nueva alianza de senadores de oposición con el señor Quiroz”, manifestó.
La parlamentaria también rechazó que los recursos destinados al FAPP fueran presentados como una concesión del Ejecutivo, argumentando que su incorporación respondía a obligaciones legales del Gobierno.
El PS acusa pérdida de capacidad negociadora
Las críticas socialistas también llegaron desde la Cámara de Diputadas y Diputados. El parlamentario Daniel Manouchehri cuestionó a quienes respaldaron la propuesta de Hacienda y advirtió que deberán explicar las razones de su decisión.
Su compañero de bancada Marcos Ilabaca sostuvo que el acuerdo entre las fuerzas opositoras había permitido construir una posición común para negociar modificaciones al Presupuesto 2027. A su juicio, respaldar el endeudamiento significó abandonar una de las principales herramientas de presión frente al Ejecutivo.
Desde el Senado, Gastón Saavedra defendió la posición de su colectividad y sostuvo que cada partido deberá responder por las decisiones que adopta.
El episodio dejó en evidencia dos estrategias distintas dentro de la oposición: una orientada a condicionar el respaldo presupuestario a compromisos concretos del Gobierno y otra que considera necesario mantener el rechazo a determinadas disposiciones para preservar la capacidad de negociación.
De exigir la salida de Quiroz a negociar con Hacienda
La disputa por el endeudamiento no fue el primer desencuentro entre los partidos opositores. Apenas un día antes, el Partido Socialista había exigido públicamente la renuncia del ministro Jorge Quiroz, cuestionando su conducción económica, el deterioro del empleo y la situación fiscal del país.
La ofensiva fue impulsada por el Comité Central del PS y no contó con una coordinación previa con las demás colectividades de oposición. La decisión generó reparos en el PPD, cuyo presidente, Raúl Soto, tomó distancia de la exigencia y recordó que la salida de un ministro es una atribución del Presidente de la República.
En lugar de sumarse a la petición socialista, el PPD anunció que impulsará una interpelación parlamentaria contra Quiroz para que explique ante el Congreso la gestión económica del Gobierno. Soto ratificó esa iniciativa y señaló que buscarán concretarla una vez resuelta la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
La Democracia Cristiana también manifestó diferencias respecto de la estrategia socialista. Su presidente, Álvaro Ortiz, llamó a mejorar la coordinación entre las fuerzas opositoras y cuestionó que las distintas iniciativas se anunciaran sin una discusión previa entre los partidos.
Un presupuesto que profundiza las diferencias
El acuerdo con Hacienda incorporó compromisos en distintas áreas. En salud, se contemplaron aproximadamente $28.000 millones para la Ley Ricarte Soto. En educación, el entendimiento incluyó la reposición de $35.000 millones para las Becas Acceso TIC, además de recursos para universidades, formación docente y becas indígenas.
También se establecieron compromisos de trabajo para 2027, entre ellos la búsqueda de una solución legislativa a la deuda previsional municipal en educación y la instalación de una mesa con universidades del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH).
Estos compromisos no tienen todos el mismo alcance presupuestario: algunos consideran recursos para el proyecto y otros corresponden a iniciativas que deberán desarrollarse posteriormente.
La votación del endeudamiento dejó así una señal política que trasciende la discusión presupuestaria. El Gobierno consiguió reponer una disposición fundamental para su financiamiento, mientras los partidos opositores volvieron a exhibir diferencias sobre cómo relacionarse con La Moneda.
En menos de 48 horas, el PS pasó de exigir la renuncia del ministro de Hacienda a cuestionar a sus propios aliados por negociar con él. La controversia instala nuevas interrogantes sobre la capacidad de coordinación de la oposición y anticipa un escenario de mayores tensiones en los próximos debates legislativos.

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