La resolución restablece la vigencia de la RCA del proyecto, mientras la Corte Suprema analiza el caso y deberá emitir un pronunciamiento definitivo.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió a trámite el recurso de casación presentado por el sindicato de pescadores artesanales de Totoralillo Norte, lo que permitió restablecer la vigencia del proyecto minero-portuario Proyecto Dominga.
La decisión marca un nuevo giro en una de las iniciativas más controvertidas del país, tanto por su impacto económico como por las críticas ambientales que ha generado en distintos sectores.
Tribunal restablece permiso ambiental del proyecto
Cabe recordar que el pasado 20 de febrero, el mismo tribunal anuló —de forma unánime— lo resuelto por el Tribunal Ambiental, que buscaba revocar el rechazo al proyecto por parte del Comité de Ministros de Chile en enero de 2025.
Con esta nueva resolución, Dominga recupera temporalmente su permiso ambiental, restableciendo la vigencia de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), instrumento clave que autoriza su desarrollo.
El proyecto contempla la construcción de una mina de hierro y cobre, además de un puerto en la Región de Coquimbo, lo que ha generado debate por su cercanía a zonas de alto valor ecológico, incluyendo áreas de protección marina y biodiversidad única.
Corte Suprema tendrá la última palabra
El caso continúa en revisión por parte de la Corte Suprema de Chile, organismo que deberá pronunciarse de forma definitiva respecto del futuro del proyecto.
La resolución que adopte el máximo tribunal será determinante, ya que podría confirmar la continuidad del proyecto o revertir nuevamente su situación ambiental.
Este proceso judicial se ha extendido por más de una década, con múltiples fallos, recursos y revisiones administrativas que han mantenido en incertidumbre tanto a inversionistas como a comunidades locales.
Pescadores respaldan avance y piden fin de judicialización
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte valoró la resolución mediante un comunicado público.
Su presidente, Raúl Julio, expresó que “estamos cansados de la incertidumbre y la espera”, agregando que “los tribunales ya establecieron que el proyecto cumple con la normativa ambiental”.
En esa línea, el gremio exigió la aprobación definitiva de la iniciativa, el fin de la judicialización y el inicio de su construcción, señalando que el proyecto podría generar empleo, dinamizar la economía local y mejorar las condiciones de vida en la zona.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas han manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por los posibles impactos del proyecto, especialmente en ecosistemas marinos sensibles, lo que anticipa que el debate seguirá abierto mientras no exista un fallo definitivo.
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