La decisión del Gobierno de revertir la expropiación de Colonia Dignidad desató una fuerte polémica política. El exministro Jaime Gajardo acusó una “bofetada a la memoria de las víctimas”, mientras el Ejecutivo defiende la medida por razones presupuestarias.
Exministro cuestiona decisión del Gobierno y abre nuevo debate sobre sitios de memoria y prioridades presupuestarias
El exministro de Justicia del gobierno de Gabriel Boric, Jaime Gajardo, criticó duramente la decisión del ministro de Vivienda, Iván Poduje, de revertir la expropiación de Colonia Dignidad, calificándola como una falta de respeto hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
La polémica surge luego de que el titular del Ministerio de Vivienda confirmara que el Ejecutivo dictará un decreto para dejar sin efecto el proceso iniciado durante la administración anterior.
Gobierno argumenta razones presupuestarias y prioridad social
En entrevista con La Tercera, Poduje explicó que la decisión responde principalmente a restricciones fiscales y a la necesidad de priorizar recursos públicos.
El ministro sostuvo que la expropiación implicaba intervenir una zona urbana completa, con viviendas ya existentes, lo que —según indicó— no tiene precedentes en el país.
“Vamos a reversar el tema de la expropiación (…) no tenemos los recursos y además implica expropiar prácticamente una localidad completa”, afirmó.
La autoridad agregó que la medida se enmarca en un escenario de ajustes presupuestarios impulsados por el Ministerio de Hacienda, descartando motivaciones ideológicas y señalando que se trata de un criterio basado en prioridades sociales.
Gajardo: “Es incomprensible revertir la decisión”
Tras conocerse el anuncio, Gajardo cuestionó el giro adoptado por el Ejecutivo y defendió los avances realizados por administraciones anteriores para transformar el lugar en un sitio de memoria.
Según el exministro, distintos gobiernos habían impulsado acciones progresivas para resignificar el recinto, incluyendo su declaración como monumento nacional durante la administración de Michelle Bachelet y la planificación de su expropiación durante el mandato de Gabriel Boric.
“Uno puede entender que por razones presupuestarias se suspenda momentáneamente, pero lo que es incomprensible es que se revierta”, señaló.
El exsecretario de Estado afirmó que la decisión constituye “una bofetada directa a la memoria de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos”.
En la ex Colonia Dignidad se cometieron los crímenes más atroces que recuerda la historia de Chile en contra de nuestras y nuestros compatriotas.
— Jaime Gajardo Falcón (@jgajardofalcon) March 29, 2026
Para resignificar ese lugar y transformarlo en un sitio de memoria y reflexión, distintos gobiernos han avanzado, primero declarándolo…
Debate político por memoria histórica y gasto público
La reversión del proceso vuelve a tensionar el debate político sobre el tratamiento estatal de los sitios vinculados a crímenes de la dictadura y el equilibrio entre políticas de memoria, responsabilidad fiscal y prioridades sociales.
Para sectores de oposición, la medida representa un retroceso simbólico en materia de derechos humanos. Desde el Gobierno, en cambio, se insiste en que la decisión responde exclusivamente a restricciones financieras y a la necesidad de focalizar recursos en urgencias habitacionales y sociales.
El futuro de Colonia Dignidad —lugar asociado a algunos de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos en Chile— queda así nuevamente abierto, en medio de un escenario político marcado por disputas sobre memoria, presupuesto y relato histórico.
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