Tras la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, la bancada UDI presentará un proyecto de ley que busca que estudiantes universitarios condenados por delitos graves pierdan el beneficio de gratuidad en la educación superior.
Los diputados Sergio Bobadilla, Ricardo Neumann y Omar Sabat anunciaron que presentarán durante esta jornada un proyecto de ley para extender la pérdida de gratuidad a estudiantes universitarios condenados por delitos graves.
La iniciativa surge como respuesta a la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, un hecho que los parlamentarios calificaron como un “cobarde ataque”. Según señalaron, esta medida busca asegurar que el beneficio de gratuidad se otorgue únicamente a quienes respeten las normas y la convivencia en los espacios educativos.
Ampliación de proyecto “Escuelas Protegidas” a educación superior
El proyecto de ley de la UDI se inspira en la iniciativa “Escuelas Protegidas”, presentada esta semana por el Gobierno, que prohíbe el acceso a la gratuidad a estudiantes de secundaria condenados por hechos violentos.
En palabras de los parlamentarios:
“La gratuidad no puede convertirse en un beneficio desligado del comportamiento de las personas. Es plenamente coherente que esta inhabilidad también se extienda a estudiantes universitarios que hoy ya cuentan con gratuidad”.
El proyecto incorporará como nueva causal de pérdida del beneficio los delitos graves contra la vida, la integridad de las personas, la propiedad o la infraestructura pública, alineándose con las medidas del Ejecutivo.
Señal de alerta ante la violencia y medidas preventivas
Los diputados UDI enfatizaron que lo ocurrido con la ministra Lincolao es una señal de alerta que no se puede relativizar. “Si queremos erradicar la violencia en los espacios educativos, también debemos establecer consecuencias claras para quienes la ejercen”, indicaron.
Añadieron que las universidades deben ser lugares de diálogo y formación, y que la medida propuesta no constituye una sanción arbitraria, sino una acción de sentido común y con amplia valoración ciudadana.
“La violencia no puede tener cabida en ningún espacio, y menos en las universidades. Este proyecto es una señal clara de que el país no va a tolerar este tipo de conductas”, concluyeron los parlamentarios.
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