El fiscal nacional reconoció haber mantenido una deuda vinculada al Fondo Solidario de Crédito Universitario, la cual —según afirmó— fue regularizada días antes de la difusión de un reportaje que reveló morosidades de autoridades públicas.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, admitió haber mantenido una deuda asociada al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), la cual —según afirmó— fue completamente pagada días antes de que se difundiera una investigación periodística que lo incluyó entre autoridades con compromisos financieros pendientes.
El caso se conoció tras un reportaje emitido por Meganoticias, donde se identificó a más de 30 altos funcionarios del Estado con deudas universitarias vigentes, reabriendo el debate público sobre el cumplimiento de obligaciones financieras por parte de autoridades.
Fiscal nacional aclara monto real de la deuda
De acuerdo con la investigación, Valencia mantenía a diciembre de 2025 un saldo cercano a los $15.235.802, equivalente a 218 UTM.
Sin embargo, el propio fiscal explicó posteriormente —en declaraciones a Radio Biobío— que el monto efectivo correspondía a 75,51 UTM, es decir, alrededor de $5,2 millones.
Según detalló, la diferencia se originó por intereses acumulados y procesos de reprogramación del crédito estudiantil.
La deuda, agregó, estaba vinculada al último año de su formación universitaria, cursado hace más de tres décadas.
Pago se realizó antes de la publicación
El fiscal nacional sostuvo que la situación fue regularizada antes de que el reportaje se hiciera público.
El comprobante de pago indica que la cancelación total del saldo se efectuó el pasado 10 de abril.
“No tengo deuda con la universidad por crédito universitario. Tuve un saldo pendiente del último año de mi carrera, pero está todo pagado, intereses incluidos”, afirmó.
Debate por créditos universitarios vuelve a la agenda pública
La revelación ocurre en medio de un renovado debate sobre el sistema de financiamiento estudiantil en Chile y los mecanismos de cobro de créditos universitarios históricos, especialmente aquellos vinculados al Fondo Solidario.
El caso instaló nuevamente la discusión sobre transparencia, responsabilidad financiera y estándares exigidos a autoridades públicas, en un contexto donde el cumplimiento de obligaciones personales se ha transformado también en un factor de escrutinio político y ciudadano.
Leave a Reply