Juventudes del PC y Frente Amplio niegan participación en agresión a ministra Ximena Lincolao y cuestionan manejo político del caso.
Las juventudes del Partido Comunista de Chile y del Frente Amplio emitieron un comunicado conjunto tras la detención de tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile (UACh), acusados de participar en la funa y agresión contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.
En el documento, ambas organizaciones afirmaron que los hechos ocurridos el pasado 8 de abril “no fueron convocados por ninguna de nuestras organizaciones ni se enmarcan en nuestra línea de acción política”.
Se desmarcan de los hechos
Las juventudes políticas señalaron que no tuvieron participación en la manifestación que terminó con la agresión a la secretaria de Estado, marcando distancia respecto de los estudiantes detenidos.
Según el comunicado, la situación no responde a acciones orgánicas del movimiento juvenil ni a convocatorias oficiales vinculadas a sus estructuras partidarias.
Acusan “cortina de humo” y presión política
Las organizaciones cuestionaron el tratamiento público del caso, calificándolo como una “cortina de humo” destinada —según indicaron— a desviar la atención de debates legislativos relevantes para el Gobierno.
Entre ellos mencionaron el proyecto Escuelas Protegidas, iniciativa que, a juicio de las juventudes políticas, podría implicar una criminalización del movimiento estudiantil y restricciones a beneficios sociales.
Asimismo, dirigieron críticas a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, acusando que el caso estaría siendo utilizado para generar un “show mediático” en vez de abordar otras problemáticas de seguridad nacional.
El comunicado también cuestiona el aumento de los homicidios durante la actual administración, señalando que el enfoque gubernamental estaría priorizando hechos puntuales por sobre fenómenos estructurales.
Llamado a respetar la investigación judicial
Las juventudes del PC y el Frente Amplio calificaron como “inadmisibles en un régimen democrático” algunas declaraciones de autoridades y advirtieron sobre eventuales presiones políticas en el desarrollo de la investigación.
En esa línea, hicieron un llamado a respetar la autonomía del Poder Judicial y la presunción de inocencia de las personas involucradas.
Finalmente, reiteraron que el debate público debería centrarse en problemáticas estructurales del país y no en hechos aislados, insistiendo en que la investigación debe avanzar sin interferencias externas.
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