Un reportaje reveló la participación previa de la subsecretaria de Seguridad, Ana Victoria Quintana, en la defensa judicial de imputados ligados a una organización criminal, abriendo un nuevo foco de tensión política para el Ejecutivo.
Un nuevo foco de controversia política se instaló en el Ministerio de Seguridad luego de que se conocieran antecedentes del pasado profesional de la subsecretaria Ana Victoria Quintana Olguín, quien durante su ejercicio como abogada participó en la defensa de imputados vinculados a una banda criminal desarticulada en Santiago.
La información, revelada en un reportaje televisivo, generó cuestionamientos en medio del debate nacional sobre seguridad pública y el rol de las autoridades encargadas de enfrentar el crimen organizado.
Defensa en causa ligada al “Clan Chago”
De acuerdo con los antecedentes conocidos, la actual autoridad representó judicialmente a dos integrantes del denominado “Clan Chago”, organización investigada por delitos como robo de vehículos, portonazos, asociación criminal y lavado de activos.
El caso formó parte del operativo policial “Los Emprendedores”, desarrollado en 2025 por la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía Metropolitana Occidente.
Según la investigación, la red criminal estaba compuesta por tres clanes familiares —Luna, Chago y León— dedicados al robo en lugares no habitados y la comercialización ilegal de maquinaria y vehículos sustraídos.
La explicación de la subsecretaria
Tras la difusión de los antecedentes, desde la Subsecretaría de Seguridad confirmaron la participación de Quintana en la causa, aunque enfatizaron que su rol fue limitado.
La subsecretaria sostuvo que su intervención fue “circunstancial, limitada y excepcional”, indicando que actuó únicamente reemplazando a un abogado que no pudo asistir a una audiencia por motivos personales.
Según explicó, su gestión se redujo a solicitar la postergación del procedimiento, sin mantener posteriormente vínculos profesionales con el caso.
Nueva presión política para el Ejecutivo
El reportaje también mencionó otra causa en la que la autoridad participó como defensa de un imputado extranjero por infracción a la Ley de Armas, proceso que concluyó con la absolución del acusado en 2024.
La situación abre un nuevo flanco político para el Gobierno encabezado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en un contexto marcado por la discusión pública sobre seguridad y crimen organizado.
El episodio reinstala el debate respecto del ejercicio previo de profesionales del derecho que posteriormente asumen cargos públicos vinculados a la persecución del delito y la formulación de políticas de seguridad.
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