El gremio docente cuestionó que la iniciativa impulsada por el Gobierno se concentre en medidas de control y seguridad, advirtiendo que no aborda las causas estructurales de la violencia en los establecimientos educacionales.
La aprobación del proyecto de Ley de Escuelas Protegidas, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para enfrentar los episodios de violencia en establecimientos educacionales, reactivó el debate sobre las medidas necesarias para abordar la crisis de convivencia escolar que afecta a diversos colegios del país.
Tras el avance legislativo de la iniciativa, el Colegio de Profesoras y Profesores reiteró sus reparos al proyecto, señalando que la propuesta se enfoca principalmente en medidas de control y seguridad, sin abordar las causas profundas que originan la violencia en las comunidades educativas.
El presidente del gremio docente, Mario Aguilar Arévalo, sostuvo que la futura normativa «tiene un fin más bien comunicacional y efectista» y advirtió que difícilmente logrará resolver el problema de fondo.
«Que vaya a tener una real efectividad para resolver el problema de la violencia es cuestionable, porque aborda los efectos, pero no las causas. Se remite a controlar el acceso, a poner pórticos, revisión de mochilas y más sanciones. Todo eso tiene que ver con los efectos», afirmó.
Colegio de Profesores insiste en que el proyecto no aborda las causas
Aguilar recordó que estas observaciones fueron planteadas durante la discusión parlamentaria de la iniciativa y también comunicadas a las autoridades del Ministerio de Educación.
«Eso es lo que nosotros hemos levantado. Eso es lo que dijimos en el Parlamento. Lo que hemos dicho públicamente, se lo dijimos a la propia ministra y al subsecretario, que el problema de la violencia tiene un origen mucho más profundo que el enfoque que le está dando el Gobierno», señaló.
El dirigente insistió en que la futura Ley de Escuelas Protegidas resulta insuficiente para enfrentar uno de los principales desafíos que vive actualmente el sistema educativo chileno.
«Si se quiere abordar en serio este problema, que probablemente es el más grave que está ocurriendo hoy en la educación chilena, esta futura ley queda absolutamente insuficiente. Lo dijimos antes, lo decimos ahora y lo vamos a seguir diciendo», sostuvo.
Salud mental y factores sociales: las propuestas del gremio docente
Entre las medidas que, a juicio del gremio, deberían priorizarse, Aguilar mencionó el fortalecimiento de la salud mental en las comunidades escolares, la actualización de los contenidos curriculares y la atención de los factores sociales que influyen en los hechos de violencia.
«Para abordar efectivamente el origen de los problemas que causan la violencia en las escuelas, hay que atender la salud mental, que es grave y seria entre los jóvenes y en general entre los miembros de las comunidades escolares», afirmó.
Asimismo, agregó que «hay que abordar el tema del currículum por uno que haga mucho más sentido a los jóvenes y a las nuevas generaciones, y también abordar la problemática social que está detrás de una violencia que viene de fuera de la escuela e ingresa a ella».
Finalmente, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores enfatizó que las políticas públicas destinadas a combatir la violencia escolar deben enfocarse en sus causas estructurales y no únicamente en medidas de control.
«Si se quiere abordar seriamente el problema de la violencia en las escuelas, tienen que configurarse políticas que apunten a las causas, que vayan a la profundidad del problema y no se queden simplemente en mensajes comunicacionales o en medidas efectistas», concluyó.
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