La Contraloría General de la República otorgó un plazo de 10 días hábiles a 15 alcaldes del país para actualizar sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio. De no regularizar la situación, arriesgan multas e incluso la destitución de sus cargos conforme a la Ley de Probidad.
Autoridades de ocho regiones del país deberán regularizar sus antecedentes en un plazo de 10 días hábiles para evitar sanciones contempladas en la Ley de Probidad
La Contraloría General de la República (CGR) apercibió a 15 alcaldes de distintas regiones del país por no actualizar sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), incumpliendo una de las obligaciones establecidas en la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
La medida fue comunicada mediante oficios emitidos el pasado 27 de mayo, en los que el organismo fiscalizador otorgó un plazo de 10 días hábiles para que las autoridades comunales regularicen su situación y presenten la documentación exigida por la normativa vigente.
La acción forma parte de los procesos de control y fiscalización que realiza la Contraloría para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y probidad por parte de las autoridades públicas.
Multas de hasta 50 UTM y eventual destitución
Según advirtió la Contraloría, el incumplimiento de esta obligación puede derivar en la apertura de procedimientos sancionatorios establecidos por la ley.
Las sanciones contemplan multas que fluctúan entre las 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), dependiendo de la gravedad de la infracción y de la persistencia del incumplimiento.
La legislación también establece una medida más severa para quienes mantengan la situación irregular. Si transcurren cuatro meses desde la aplicación de la sanción y la autoridad sigue sin actualizar su declaración, puede enfrentarse a un proceso que concluya con su destitución del cargo.
La Declaración de Intereses y Patrimonio es uno de los principales instrumentos de control de la probidad pública, ya que permite transparentar el patrimonio de las autoridades y detectar eventuales conflictos de interés que puedan afectar el ejercicio de sus funciones.
Alcaldes observados en ocho regiones del país
Los alcaldes apercibidos pertenecen a comunas distribuidas desde el extremo norte hasta el extremo austral del país, evidenciando que la situación afecta a distintas zonas y realidades territoriales.
Las comunas involucradas son:
- Arica, Región de Arica y Parinacota.
- Sierra Gorda, Región de Antofagasta.
- Rinconada, Quintero y Santo Domingo, Región de Valparaíso.
- San José de Maipo, Región Metropolitana.
- Empedrado, Región del Maule.
- San Rosendo, Lota y Alto Biobío, Región del Biobío.
- Melipeuco, Los Sauces y Toltén, Región de La Araucanía.
- Los Muermos, Región de Los Lagos.
- Cabo de Hornos, Región de Magallanes.
La distribución geográfica de los casos refleja el alcance nacional de las fiscalizaciones realizadas por el organismo contralor.
Transparencia bajo la lupa
La actualización de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio constituye una obligación legal para alcaldes, parlamentarios, ministros, subsecretarios y otras autoridades públicas.
El objetivo de esta herramienta es fortalecer la transparencia del Estado, prevenir conflictos de interés y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
La Contraloría ha intensificado durante los últimos años sus procesos de fiscalización en materia de probidad, en un contexto marcado por una creciente demanda ciudadana por mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas en el sector público.
Con el plazo ya en curso, los alcaldes observados deberán regularizar su situación dentro de los próximos días para evitar sanciones económicas y administrativas que podrían escalar hasta la pérdida de sus cargos.
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