Juan Castro Bekios advirtió que la nueva infraestructura logística podría ser utilizada por redes criminales si el Estado y la industria no fortalecen las medidas de prevención y control.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, alertó sobre los riesgos que enfrenta el Corredor Bioceánico Capricornio ante una eventual penetración del crimen organizado en la cadena minero-portuaria del norte de Chile.
La advertencia fue realizada durante su participación en Exponor 2026, donde expuso sobre los desafíos de seguridad asociados a la futura operación de esta infraestructura estratégica para el comercio regional.
Según explicó el persecutor, el corredor representa una oportunidad histórica para el desarrollo económico del norte del país. Sin embargo, advirtió que también podría transformarse en una ruta atractiva para organizaciones criminales transnacionales si no se implementan mecanismos preventivos eficaces.
Corredor bioceánico podría convertirse en una “autopista para el delito”
Durante su presentación en el seminario “Liderazgo estratégico, valor compartido y territorio”, Castro Bekios sostuvo que las ventajas logísticas que ofrecerá el corredor —como la reducción de tiempos y costos de transporte— también pueden ser aprovechadas por redes criminales para movilizar mercancías ilícitas.
El fiscal señaló que este escenario se vuelve aún más complejo debido a los cambios que experimenta actualmente el crimen organizado a nivel internacional, fenómeno que estaría modificando rutas de tráfico y estrategias operativas.
A juicio de la autoridad, la combinación de estos factores podría generar una “tormenta perfecta” para la expansión de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, contrabando y lavado de activos.
Aumento de incautaciones preocupa a las autoridades
Como antecedente, el fiscal destacó el incremento registrado en las incautaciones de droga en la Región de Antofagasta.
Según indicó, durante el presente año se han decomisado 40,2 toneladas de sustancias ilícitas, cifra que representa un aumento de 266% respecto del mismo período de 2025.
Asimismo, detalló que desde octubre de 2023 las incautaciones acumuladas alcanzan las 105,8 toneladas, evidenciando una tendencia sostenida al alza.
En este contexto, identificó diez vectores de riesgo para el país, entre ellos la llegada de organizaciones criminales transnacionales, el tráfico ilícito terrestre y marítimo, la expansión de drogas sintéticas y la corrupción institucional.
Minería y puertos figuran entre los sectores más expuestos
El persecutor también advirtió sobre amenazas específicas que podrían afectar a la industria minera y portuaria.
Entre ellas mencionó robos en faenas, utilización de empresas fachada, adulteración de minerales, transporte de cargas ilícitas en camiones, tráfico de drogas en contenedores y mezcla de cobre legal con material robado.
Frente a este escenario, Castro Bekios planteó tres posibles panoramas para el período 2026-2028.
El primero considera un escenario adverso, donde el corredor se transforme en una ruta estratégica para organizaciones criminales. El segundo contempla una contención parcial de los riesgos. Finalmente, el tercer escenario proyecta a Antofagasta como un modelo de desarrollo seguro y competitivo en el Pacífico Sur.
Proponen inteligencia portuaria y mayor control fronterizo
Para enfrentar estas amenazas, el fiscal presentó un conjunto de 24 medidas agrupadas en cuatro ejes: seguridad institucional, inteligencia financiera, fortalecimiento minero-portuario y cooperación internacional.
Entre las iniciativas prioritarias destacan la creación de un Centro de Inteligencia Portuaria Conjunto, el reforzamiento permanente de la vigilancia fronteriza, la conformación de equipos especializados para investigar delitos vinculados a la minería y el aumento de analistas criminales.
Además, propuso incorporar tecnologías de trazabilidad para la exportación de minerales, incluyendo sistemas basados en blockchain para el seguimiento del cobre.
Según explicó, estas medidas requerirían inversiones estimadas entre 130 y 190 millones de dólares. No obstante, podrían generar beneficios económicos anuales de entre 1.150 y 1.750 millones de dólares a partir de 2028.
“Estamos ante una oportunidad de crecimiento histórico. La clave será la excelencia preventiva: el Estado debe asegurar el blindaje institucional y el sector privado elevar sus estándares de cumplimiento”, afirmó.
Finalmente, el fiscal enfatizó que el objetivo de estas propuestas no es cuestionar la viabilidad del Corredor Bioceánico Capricornio, sino garantizar que su desarrollo avance bajo condiciones de seguridad y resiliencia frente al crimen organizado.
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