La justicia envió a prisión preventiva a cuatro gendarmes acusados de integrar una red que habría ingresado drogas, celulares y otros elementos prohibidos al penal de Illapel. La investigación apunta a una estructura que habría movido más de $223 millones en operaciones ilícitas.
Cuatro funcionarios de Gendarmería, un civil y dos mujeres acusadas de tráfico de drogas quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por su presunta participación en una organización criminal que operaba desde el Centro de Detención Preventiva de Illapel, en la Región de Coquimbo.
La medida fue decretada por el Juzgado de Garantía de Illapel, luego de que el Ministerio Público expusiera antecedentes que vinculan a los imputados con delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, cohecho e ingreso de elementos prohibidos a recintos penitenciarios.
Según la investigación, la red habría funcionado durante varios años y contaría con la participación de funcionarios penitenciarios, civiles e internos del penal, quienes habrían coordinado el ingreso de sustancias ilícitas y diversos artículos prohibidos al interior del establecimiento.
Fiscalía acusa funcionamiento de una organización criminal
Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía sostuvo que los hechos investigados se habrían desarrollado desde el año 2021, extendiéndose no solo a la comuna de Illapel, sino también a las regiones Metropolitana y del Biobío.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, la organización tenía como finalidad adquirir, transportar e ingresar drogas, teléfonos celulares, chips telefónicos y otros elementos prohibidos al recinto penitenciario a cambio de pagos realizados por internos o terceros vinculados a ellos.
La jueza Andrea Rojas Cortés estimó que la libertad de los principales imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad, razón por la cual decretó la medida cautelar más gravosa.
“Aquí nos encontramos ante una red criminal organizada que operaba desde el interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel, afectando gravemente la seguridad de un recinto penal del Estado”, señaló la magistrada durante la audiencia.
Más imputados quedaron con distintas medidas cautelares
El tribunal también resolvió la situación procesal de otros involucrados en la investigación. Dos mujeres fueron enviadas a prisión preventiva por delitos relacionados con tráfico ilícito de drogas, aunque en esta etapa se descartó su participación en la asociación criminal.
En tanto, respecto de un quinto funcionario de Gendarmería, la jueza consideró que no existían antecedentes suficientes para atribuirle participación en la organización criminal ni en tráfico de drogas. Sin embargo, sí estimó acreditados indicios relacionados con cohecho e ingreso de dispositivos electrónicos al penal.
Por esta razón, el funcionario quedó sujeto a arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con los demás imputados.
Otros tres involucrados quedaron con arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, firma mensual y prohibición de contacto con los coimputados. Asimismo, cinco imputados adicionales quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad acordadas entre las partes.
Ganancias ilícitas superarían los $223 millones
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación dice relación con el presunto flujo de dinero generado por las actividades ilícitas.
Según la Fiscalía, la organización habría obtenido ganancias superiores a los $223 millones mediante el ingreso de drogas y otros elementos prohibidos al recinto penitenciario.
Los investigadores sostienen que parte de esos recursos habrían sido canalizados a través de cuentas bancarias y utilizados para la adquisición de bienes con el objetivo de ocultar el origen de los fondos, configurando eventuales delitos de lavado de activos.
El Juzgado de Garantía de Illapel fijó un plazo de investigación de 120 días, período durante el cual la Fiscalía continuará reuniendo antecedentes para determinar el alcance de la organización y las responsabilidades penales de cada uno de los imputados.