Informe RADAR revela que decenas de municipios no ejecutaron fondos públicos, no respondieron a requerimientos de información y presentan graves falencias en la gestión del bienestar animal
La Contraloría General de la República (CGR) emitió su segundo Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (RADAR), en el que detectó importantes deficiencias en la administración de recursos públicos destinados a la tenencia responsable de mascotas. El organismo advirtió la existencia de fondos sin ejecutar, falta de respuesta de numerosas municipalidades y serias inconsistencias en los registros oficiales de animales de compañía.
El informe analiza la ejecución del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC) entre 2017 y marzo de 2026 y concluye que existen riesgos relevantes en el uso de recursos fiscales destinados al bienestar animal, situación que motivará nuevas fiscalizaciones y medidas obligatorias para los municipios involucrados.
Millonarios recursos sin ejecutar en programas de bienestar animal
Según el reporte, las municipalidades del país recibieron más de $33.647 millones a través del PTRAC durante el período analizado.
No obstante, la Contraloría detectó que 61 municipios no realizaron jornadas de rescate ni programas de control poblacional de animales, pese a haber recibido cerca de $5.000 millones desde 2022 específicamente para desarrollar esas iniciativas.
El organismo fiscalizador advirtió que la falta de ejecución de estos programas afecta directamente el cumplimiento de los objetivos de la política pública orientada al control de la población animal, la protección sanitaria y la promoción de la tenencia responsable.
Más de 160 municipios no respondieron por el uso de los recursos
Otro de los antecedentes que preocupa a la Contraloría es la escasa colaboración de los gobiernos comunales durante la investigación.
El informe señala que 162 municipalidades no respondieron a los requerimientos de información sobre el destino de más de $16 mil millones transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).
Esta falta de antecedentes, sostiene la CGR, dificulta la trazabilidad de los recursos públicos y limita la capacidad de verificar si los fondos fueron utilizados conforme a los objetivos establecidos por el programa.
Graves falencias en ordenanzas, registros y control de mascotas
El reporte también identifica importantes brechas estructurales en la gestión municipal vinculada a la tenencia responsable.
Entre los principales hallazgos destacan:
- 25 municipios no cuentan con una ordenanza sobre tenencia responsable de animales.
- 178 municipalidades no disponen de lectores de microchip o no informaron si cuentan con estos equipos.
- 31 municipios mantienen o financian caniles que no figuran inscritos en el registro oficial correspondiente.
La Contraloría también detectó inconsistencias en el Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía y en el registro de animales potencialmente peligrosos, especialmente respecto de la identificación de sus responsables.
Uno de los datos más llamativos es que, de 39.987 personas inscritas como responsables de animales potencialmente peligrosos, solo 748 han realizado el curso obligatorio exigido por la normativa vigente.
Contraloría anuncia fiscalizaciones y exige medidas en 90 días
Frente a estos resultados, la Contraloría calificó la situación como una alerta de riesgo relevante para la correcta administración de recursos públicos.
El organismo anunció que iniciará una fiscalización a la Subdere para revisar los mecanismos de transferencia y control de los fondos destinados al Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía.
Además, instruyó a las municipalidades que aún no cuentan con una ordenanza de tenencia responsable a elaborar y aprobar dicho instrumento en un plazo máximo de 90 días hábiles, con el objetivo de fortalecer la gestión local y mejorar el cumplimiento de la legislación vigente.
La CGR señaló que continuará monitoreando el cumplimiento de estas medidas y evaluará nuevas acciones fiscalizadoras para garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos destinados al bienestar animal.
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