El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal detectó $1,4 billones en transferencias a fundaciones sin rendición acreditada e instruyó auditorías en cuatro ministerios, además de revisar contratos públicos y el uso del trato directo.
La cuarta sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal ordenó nuevas investigaciones en cuatro ministerios, detectó millonarias transferencias sin respaldo a fundaciones y puso bajo revisión mecanismos de contratación utilizados por diversos organismos públicos.
El Gobierno informó nuevos hallazgos en el marco del plan “Inspección Total al Estado”, iniciativa instruida por el Presidente José Antonio Kast, tras la cuarta sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal.
La instancia, encabezada por Constanza Castillo, resolvió abrir nuevas investigaciones luego de detectar antecedentes que podrían comprometer la correcta utilización de recursos públicos en diversos organismos estatales.
Cuatro ministerios serán sometidos a auditorías
Como parte de las medidas adoptadas, el comité instruyó auditorías exhaustivas para establecer eventuales responsabilidades administrativas en cuatro carteras de Gobierno.
Las investigaciones abarcarán:
- Instituto Nacional de Deportes, dependiente del Ministerio del Deporte, por la gestión y transferencia de recursos.
- Agencia de Sostenibilidad Energética, por la ejecución de programas y procesos de contratación.
- Ministerio de Agricultura, por las transferencias realizadas a organismos ejecutores y procedimientos de compra.
- Ministerio de Salud, mediante una revisión de adquisiciones y contratos efectuados por subsecretarías y organismos dependientes.
Gobierno detecta $1,4 billones sin rendición en transferencias a fundaciones
Uno de los principales focos de la revisión corresponde a las transferencias efectuadas a fundaciones entre 2022 y 2026.
Según el informe, durante ese período se asignaron $5,4 billones, de los cuales $1,4 billones no cuentan con una rendición de cuentas acreditada, generando preocupación sobre el control y seguimiento de esos recursos públicos.
Entre los organismos con mayores observaciones figuran:
- Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
- Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
- Subsecretaría de Agricultura.
Nuevas fundaciones concentran millonarios recursos sin respaldo
El informe también analizó el comportamiento de las denominadas «nuevas fundaciones», constituidas entre 2022 y 2026.
En total, se identificaron 177 organizaciones, las que recibieron más de $11 mil millones en recursos públicos.
De ese monto:
- Más de $6.500 millones (60%) no cuentan con rendiciones acreditadas.
- 79 fundaciones no registran ningún informe de rendición ante el Estado.
Estos antecedentes motivarán nuevas revisiones para verificar el destino efectivo de los recursos transferidos.
Auditoría cuestiona uso reiterado del trato directo
Otro de los puntos observados corresponde al incremento del uso del mecanismo de trato directo en las contrataciones públicas, modalidad que evita los procesos de licitación.
Entre los organismos con mayor utilización de este sistema aparecen:
- Centro de Información de Recursos Naturales.
- Servicio de Salud Metropolitano Sur.
- Subsecretaría de Derechos Humanos.
Asimismo, el comité detectó un aumento en el uso de las causales de «proveedor único», «confianza y seguridad» y un incremento del 17% en las contrataciones por emergencia, incluso por sobre los niveles registrados durante el período más crítico de la pandemia de Covid-19.
Avances en investigaciones anteriores
Durante la sesión también se informaron progresos en auditorías ya iniciadas.
En el caso de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el Gobierno presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el pago de $14 mil millones correspondientes a raciones de alimentos que, según la investigación, nunca fueron entregadas.
En el Ministerio de Transportes se logró regularizar más del 80% de $30 mil millones que carecían de respaldo documental, permitiendo normalizar pagos pendientes a proveedores regionales.
Respecto del Ministerio de Ciencia, se solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría externa por eventuales incumplimientos asociados al programa Becas Chile, que involucrarían cerca de $100 mil millones, además de iniciar una revisión interna.
Finalmente, el Ministerio de la Mujer amplió el alcance de su investigación administrativa tras detectarse nuevas alertas durante las últimas semanas.
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