La Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS) pidió a la ministra de Salud presentar los antecedentes ante el Ministerio Público, tras sus declaraciones sobre presuntas prácticas de corrupción en procesos de compras públicas del sistema sanitario.
La Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS) emplazó a la ministra de Salud, May Chomalí, a presentar formalmente ante la justicia los antecedentes que respaldarían sus declaraciones sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción en procesos de licitación del sistema público de salud.
El gremio sostuvo que una denuncia de esta magnitud no puede limitarse a declaraciones públicas y afirmó que corresponde poner toda la información a disposición del Ministerio Público para que se investiguen los hechos y, si existen responsabilidades, se sancione a quienes hayan participado en eventuales ilícitos.
Gremio pide esclarecer eventuales actos de corrupción
El director ejecutivo de APIS, Eduardo del Solar, señaló que las afirmaciones realizadas por la secretaria de Estado involucran posibles delitos que afectan la transparencia de las compras públicas, la libre competencia y el uso de recursos fiscales.
«Si existen antecedentes de que hubo procesos de licitación alterados o prácticas de corrupción, estos deben ser puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público. No basta con hacer una denuncia por la prensa; corresponde que la autoridad ejerza todas las acciones legales necesarias para que los responsables sean investigados y sancionados. Cuando se trata de hechos de esta gravedad, el deber de cualquier autoridad es acudir a la justicia», afirmó.
El representante gremial sostuvo que una investigación formal permitiría aclarar los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
APIS defiende estándares de integridad del sector
Desde la asociación recordaron que las empresas afiliadas operan bajo normas de cumplimiento, códigos de ética y políticas de compliance, orientadas a fortalecer la transparencia y la probidad en la industria de dispositivos médicos.
En ese contexto, Del Solar afirmó que denuncias generales pueden afectar la imagen de empresas que cumplen estrictamente la normativa vigente.
«Como gremio no podemos permanecer indiferentes frente a afirmaciones de esta naturaleza. Nuestros asociados cumplen exigentes estándares éticos y de cumplimiento normativo, por lo que no podemos aceptar que denuncias tan graves terminen enlodando a toda una industria integrada, en su inmensa mayoría, por empresas que trabajan con profesionalismo y apego irrestricto a la ley», sostuvo.
Asimismo, agregó que, si existieran personas o empresas involucradas en actos irregulares, estas deben ser identificadas y enfrentar las investigaciones correspondientes.
Advierten impacto en pacientes y confianza pública
El director ejecutivo de APIS señaló que eventuales actos de corrupción en los procesos de compras públicas no solo afectan el funcionamiento administrativo del sistema sanitario, sino también la calidad de la atención que reciben los pacientes.
«La corrupción distorsiona las licitaciones, altera la competencia, afecta el buen uso de los recursos públicos y termina perjudicando a quienes más dependen del sistema de salud: los pacientes», indicó.
Además, sostuvo que estos hechos pueden debilitar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y afectar la sostenibilidad del sistema sanitario.
Llamado a entregar antecedentes a la justicia
Finalmente, APIS instó a la ministra May Chomalí a respaldar sus declaraciones con acciones concretas y remitir toda la información disponible a los organismos competentes.
«Esperamos que la ministra actúe con la misma firmeza con que realizó esta denuncia pública y entregue todos los antecedentes a la justicia para que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias», concluyó Eduardo del Solar.
El emplazamiento surge luego de las declaraciones de la ministra respecto de presuntas irregularidades en procesos de licitación del sistema público de salud, antecedentes que, hasta ahora, no han sido detallados públicamente por la autoridad.
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