La empresa Publicidad en Ruta señala que la funcionaria María Angélica Cid Belmar denunció la existencia de un cartel publicitario que ya había sido demolido por orden del propio municipio. La acción también apunta a quienes resulten responsables y solicita investigar eventuales delitos de falsificación de instrumento público y denuncia calumniosa.
La empresa Publicidad en Ruta Comunicaciones y Difusión S.A. presentó una querella criminal ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago contra la inspectora municipal de Ñuñoa María Angélica Cid Belmar y contra todas las personas que resulten responsables por la eventual comisión de los delitos de falsificación de instrumento público y denuncia calumniosa.
La acción judicial sostiene que la funcionaria habría cursado un parte municipal por una supuesta infracción relacionada con un cartel publicitario ubicado en la intersección de las avenidas Irarrázaval y General Bustamante, pese a que la estructura ya había sido demolida por instrucción de la propia Municipalidad de Ñuñoa.
Según el documento, el cartel fue retirado durante la madrugada del 11 de julio de 2026. Sin embargo, el 22 de julio la inspectora emitió el parte municipal N°10483, en el que consignó que Publicidad en Ruta mantenía instalado un elemento publicitario prohibido en un bien nacional de uso público y sin autorización municipal.
La querella afirma que, al momento de la fiscalización, la estructura “simplemente no existía en el lugar”, por lo que se habría certificado un hecho objetivamente falso y puesto esos antecedentes en conocimiento del Juzgado de Policía Local de Ñuñoa. La empresa fue citada a una audiencia fijada para el 21 de agosto, en la que deberá responder por la presunta infracción.
Conflicto judicial por carteles publicitarios
La presentación se enmarca en una disputa más amplia entre empresas vinculadas a la publicidad exterior y la administración del alcalde Sebastián Sichel por lo que observadores del rubro no descartan que la seguidilla de multas haya sido ordenada como una represalia por las derrotas judiciales del municipio.
Publicidad en Ruta sostiene que durante décadas operó carteles en Ñuñoa con autorizaciones municipales, decretos alcaldicios, permisos de ocupación y contratos de arrendamiento, pagando los derechos correspondientes. Según la querella, la legalidad de ese régimen habría sido ratificada en 2009 mediante un informe de la Contraloría General de la República.
El conflicto se intensificó luego de que el municipio dictara los decretos alcaldicios N°754 y N°1532 de 2025, mediante los cuales revocó permisos y ordenó retirar o demoler estructuras publicitarias. Posteriormente, el Decreto N°169 de enero de 2026 modificó parcialmente esa determinación y atribuyó al municipio la propiedad de 21 estructuras instaladas en distintos puntos de la comuna.
Power Graphics, empresa vinculada a Publicidad en Ruta, mantiene además una demanda civil contra la Municipalidad de Ñuñoa ante el 20° Juzgado Civil de Santiago, destinada a resolver la propiedad de algunos de los carteles. En esa causa, el tribunal decretó el 6 de mayo una prohibición de celebrar actos y contratos respecto de 20 estructuras publicitarias y siete pantallas digitales. La medida fue notificada al municipio y al alcalde Sichel el 27 de mayo.
La empresa también presentó una querella por desacato contra el jefe comunal, luego de que el municipio retirara durante la madrugada del 2 de julio un cartel ubicado en avenida General José Artigas. Esa acción fue declarada admisible el 17 de julio y se tramita bajo el RIT 5916-2026.
Decenas de multas en pocas horas
El escrito cuestiona, además, un operativo municipal realizado los días 21 y 22 de julio, durante el cual dos inspectores cursaron decenas de partes contra Publicidad en Ruta.
La querella consigna que el inspector Álvaro Barraza aparece emitiendo dos partes a las 10:50 horas en puntos de avenida Grecia separados por aproximadamente dos kilómetros. También figura cursando otras dos multas a las 12:10 horas en José Pedro Alessandri y Pedro de Valdivia, lugares ubicados a más de un kilómetro de distancia.
La empresa solicita que la investigación determine si estas inconsistencias corresponden a errores administrativos o a eventuales falsedades cometidas por funcionarios municipales.
Entre las diligencias requeridas se encuentra citar a declarar a la inspectora querellada, al inspector Álvaro Barraza, al alcalde Sebastián Sichel y al secretario municipal Guillermo Reeves. También se pide interrogar a los representantes de la empresa contratada para retirar los elementos publicitarios y establecer quién impartió las instrucciones para ejecutar la demolición.
La acción judicial solicita, asimismo, que el municipio entregue las comunicaciones, órdenes, recorridos y antecedentes relacionados con el operativo, además de las grabaciones de cámaras de tránsito que permitan verificar la ubicación de los inspectores en los horarios consignados en los partes.
La querella representa únicamente la versión de la empresa denunciante. La eventual responsabilidad penal de la funcionaria y de otros involucrados deberá ser determinada durante la investigación del Ministerio Público y por los tribunales competentes.
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