Tamara Ramírez solicitó antecedentes al Ministerio de Seguridad, la PDI y la UAF para corroborar o descartar información sobre la eventual presencia y expansión territorial de estas organizaciones criminales en el país.
La diputada del Distrito 9, Tamara Ramírez (PDG), presentó una serie de requerimientos de fiscalización dirigidos al Ministerio de Seguridad Pública, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el objetivo de obtener antecedentes oficiales sobre la eventual presencia, financiamiento y expansión territorial de organizaciones criminales transnacionales en Chile.
La parlamentaria realizó estas gestiones luego de conocerse un estudio elaborado por el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, investigación que advierte sobre la eventual operación en el país de organizaciones como el Tren de Aragua, el Clan Bang de Fujian y Los Valencianos.
De acuerdo con los antecedentes citados en el estudio, el Tren de Aragua tendría presencia en 12 regiones del país, mientras que el Clan Bang registraría operaciones en la Región Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y La Araucanía. En el caso de Los Valencianos, la investigación los sitúa en la Región Metropolitana.
Ante estos antecedentes, Ramírez solicitó al Ministerio de Seguridad Pública y a la PDI corroborar o descartar la información contenida en el estudio académico, además de entregar cifras agregadas sobre procedimientos policiales, personas detenidas, células desarticuladas e incautaciones relacionadas con estas organizaciones durante los últimos tres años.
Fiscalización apunta a las capacidades de las policías
La diputada también pidió información respecto de las capacidades institucionales disponibles para enfrentar estructuras criminales de carácter transnacional.
En particular, requirió antecedentes sobre eventuales brechas de personal, tecnología y capacidad operativa que puedan afectar las investigaciones destinadas a identificar y desarticular estas organizaciones.
El objetivo, según explicó, es contar con información oficial que permita dimensionar la presencia de estas estructuras y evaluar la efectividad de las estrategias implementadas por el Estado para combatirlas.
“Ante los datos expuestos por la academia sobre la presencia del Tren de Aragua, el Clan Bang y Los Valencianos en nuestras regiones, es urgente que el Estado entregue certezas oficiales”, sostuvo Ramírez.
La parlamentaria agregó que los requerimientos buscan conocer “qué información manejan las autoridades, cómo se están persiguiendo sus rutas de dinero y qué brechas tenemos que resolver para desarticular al crimen organizado de raíz”.
El foco también está en la ruta del dinero
Otro de los requerimientos fue dirigido a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y apunta a conocer los mecanismos utilizados para detectar operaciones financieras sospechosas vinculadas eventualmente al crimen organizado.
La solicitud considera información sobre el uso de empresas de fachada, lavado de activos y otras modalidades utilizadas para ocultar o transferir recursos provenientes de actividades ilícitas.
Entre los delitos que podrían estar asociados a estas estructuras se encuentran el narcotráfico, la trata de personas y la extorsión.
La diputada busca conocer además las principales tipologías financieras identificadas por los organismos especializados y las herramientas disponibles para seguir el flujo de recursos asociados a organizaciones criminales.
Esperan respuestas de los organismos públicos
Los requerimientos presentados ante el Ministerio de Seguridad Pública, la PDI y la UAF buscan establecer con antecedentes oficiales si la información contenida en el estudio académico corresponde a la realidad operativa que enfrentan actualmente las instituciones encargadas de la seguridad y persecución penal.
Ramírez afirmó que continuará atenta a las respuestas de los organismos públicos para fiscalizar el avance de las estrategias contra el crimen organizado.
Asimismo, señaló que utilizará los antecedentes que entregue el Estado para evaluar la necesidad de impulsar reformas legislativas o presupuestarias destinadas a fortalecer las capacidades institucionales frente a este tipo de organizaciones.
La parlamentaria sostuvo que contar con información precisa sobre la presencia territorial, las fuentes de financiamiento y las capacidades operativas de estas bandas resulta fundamental para avanzar en una estrategia que permita enfrentar el crimen organizado de manera integral.

