La operación inmobiliaria iniciada durante la dictadura, las modificaciones normativas y el actual desarrollo de Alto Santorini vuelven a poner en debate el destino de uno de los territorios ambientales más emblemáticos de la costa de Valparaíso.
Las dunas de Concón vuelven a ocupar un lugar en el debate público. El avance del proyecto inmobiliario Alto Santorini, emplazado en un terreno cercano al Santuario de la Naturaleza Campo Dunar Reñaca-Concón, reabre una discusión que tiene raíces mucho más profundas que la controversia ambiental actual.
Detrás del debate sobre nuevos edificios, permisos y evaluación ambiental existe una historia territorial que comenzó a configurarse durante la dictadura y que, décadas después, todavía tiene efectos sobre el valor inmobiliario, ambiental y patrimonial de este sector de la costa de la Región de Valparaíso.
El punto de partida se encuentra a fines de la década de 1970. De acuerdo con antecedentes difundidos por la fundación Defendamos la Ciudad, en septiembre de 1979 el gobierno militar vendió derechos que pertenecían a la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares sobre las Sociedades Constructoras de Viviendas Económicas Uno y Cinco.
La operación involucró a las empresas Neut Latour y Edmundo Pérez, Sociedad Colectiva, y contempló condiciones de pago que, según los antecedentes citados por la organización, terminaron generando una deuda cuya prescripción fue posteriormente confirmada por el representante legal del Instituto de Previsión Social, continuador del antiguo Instituto de Normalización Previsional.
En aquella época, Concón todavía formaba parte de la comuna de Viña del Mar. El proceso coincidió con una serie de decisiones que posteriormente tendrían consecuencias sobre el desarrollo urbano de las dunas. En 1980 se modificó el Plan Regulador Comunal de Viña del Mar, incorporando normas de edificación que facilitaron el desarrollo inmobiliario de esos terrenos.
La discusión no es menor. Las dunas, que durante décadas fueron vistas principalmente como un espacio natural de enorme valor paisajístico, comenzaron a adquirir una creciente plusvalía a medida que las normas urbanísticas permitieron nuevas posibilidades de construcción.
Una protección ambiental que llegó después
El intento de proteger las dunas durante los años 90
Con el retorno de la democracia, el debate sobre el destino de este territorio adquirió una nueva dimensión. En 1993, durante el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, se intentó proteger aproximadamente 50 hectáreas de las dunas existentes entre Viña del Mar y Concón.
La iniciativa, sin embargo, no prosperó en los términos inicialmente planteados. Los propietarios de los terrenos presionaron para reducir la superficie protegida y finalmente se estableció una protección sobre 12 hectáreas. Esa superficie aumentaría posteriormente hasta alcanzar las actuales 30 hectáreas del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar Reñaca-Concón.
La historia revela así una tensión que continúa vigente: por una parte, el interés público por conservar un ecosistema singular; por otra, el valor económico que adquirieron los terrenos producto de su localización y de las normas urbanísticas aplicables.
Alto Santorini vuelve a poner el tema sobre la mesa
Un proyecto inmobiliario frente a un territorio ambientalmente protegido
Décadas después, el conflicto vuelve a aparecer con el proyecto inmobiliario Alto Santorini, del arquitecto Víctor Quiroz. La iniciativa cuenta con antecedentes urbanísticos que se remontan a un permiso de edificación otorgado en 2017 y actualmente se encuentra nuevamente en el centro de la discusión ambiental.
Según los antecedentes difundidos sobre el proyecto, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso aprobó recientemente la iniciativa, pese a las objeciones técnicas planteadas por Sernageomin.
La decisión motivó que diputados de oposición recurrieran a la Contraloría General de la República para solicitar que se revisen los antecedentes del proceso. La controversia demuestra que la discusión sobre las dunas no desapareció con la creación del santuario.
Por el contrario, cada nuevo proyecto inmobiliario vuelve a poner sobre la mesa una pregunta esencial: cuánto territorio natural puede ser transformado antes de que la protección ambiental pierda efectividad frente a la presión inmobiliaria.
Las normas que cambiaron el valor del territorio
De las dunas como paisaje natural a terreno de alto valor inmobiliario
Uno de los aspectos más relevantes de esta historia es que la transformación de las dunas no puede analizarse únicamente desde los proyectos que hoy buscan construir allí. También es necesario revisar las decisiones normativas que permitieron modificar el destino de esos terrenos.
El Plan Regulador Comunal de Concón entró en vigencia en 2017 y posteriormente ha experimentado distintas modificaciones. Pero las decisiones urbanísticas vienen de mucho antes y se remontan a las modificaciones realizadas al instrumento de planificación de Viña del Mar durante la década de 1980.
En ese contexto, adquiere relevancia la investigación y documentación que organizaciones como Defendamos la Ciudad han difundido durante años. También resulta pertinente revisar los antecedentes publicados por CIPER sobre la historia de las dunas de Concón, entre ellos documentos y columnas que reconstruyen las decisiones adoptadas durante la dictadura y posteriormente en democracia.
Uno de esos antecedentes corresponde a una presentación realizada en 1994 por el abogado Pedro Pierry Arrau ante el Consejo de Monumentos Nacionales, documento que aborda desde una perspectiva jurídica los antecedentes de la protección patrimonial de las dunas.
Una historia que debería volver a revisarse
Patrimonio, desarrollo inmobiliario y probidad pública
La discusión actual ofrece una oportunidad para mirar nuevamente esa historia. No se trata solamente de determinar si un proyecto inmobiliario específico cumple o no con la normativa vigente. También corresponde preguntarse cómo se construyeron las condiciones urbanísticas que permitieron que terrenos que alguna vez fueron parte de un extenso sistema dunar adquirieran un enorme valor inmobiliario.
Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar que las decisiones sobre el territorio se adopten con transparencia, fundamento técnico y respeto por las normas ambientales y urbanísticas.
Por eso, los antecedentes históricos no deberían quedar relegados a archivos o columnas de opinión. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se tomaron las decisiones que determinaron el destino de este territorio y qué efectos tuvieron sobre el patrimonio natural de Concón.
La discusión también interpela a quienes hoy cuestionan la llamada “permisología”. Agilizar los procedimientos administrativos puede ser necesario cuando existen trabas injustificadas. Pero simplificar permisos no puede significar debilitar las evaluaciones técnicas, ambientales o patrimoniales que protegen bienes que pertenecen a toda la sociedad.
Las dunas de Concón constituyen precisamente uno de esos casos.
La historia de su transformación muestra que las decisiones sobre el territorio pueden producir efectos durante décadas. Una modificación normativa, una venta de terrenos o una autorización de construcción pueden parecer decisiones administrativas aisladas en su momento, pero juntas pueden cambiar para siempre el destino de un paisaje.
Por eso, frente al actual debate sobre Alto Santorini y otros proyectos inmobiliarios, la pregunta no debería ser únicamente cuánto se puede construir. También debería ser qué territorio queremos conservar, quién decide sobre él y bajo qué reglas. Porque las dunas de Concón no son solamente un terreno con potencial inmobiliario.
Son parte de un patrimonio natural cuya historia demuestra que, cuando las decisiones públicas y privadas modifican un territorio, las consecuencias pueden durar mucho más que los gobiernos, las empresas y las autoridades que las adoptaron.
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