La reforma constitucional de seguridad impulsada por el Presidente José Antonio Kast sufrió un profundo recorte en el Senado: cinco de sus ocho propuestas fueron eliminadas ante la falta de votos, dejando en pie solo tres ejes centrados en crimen organizado, régimen penitenciario y Estado de Excepción de Emergencia.
Para varios legisladores del oficialismo y la oposición, la eliminación de cinco de los ocho puntos de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Presidente José Antonio Kast representa mucho más que una reorganización técnica. El recorte evidencia, a su juicio, las dificultades del Ejecutivo para reunir los votos necesarios en el Senado y construir acuerdos para modificar la Constitución.
El proyecto ingresó al Senado el 17 de agosto con ocho modificaciones constitucionales en materia de seguridad pública. Entre sus principales propuestas se encontraba la creación de un denominado “quinto estado de excepción”, una nueva herramienta que entregaba al Presidente facultades para extender determinados controles de seguridad por hasta 240 días.
La iniciativa, sin embargo, enfrentó desde el comienzo un problema decisivo: el Ejecutivo necesitaba 29 votos para aprobar la idea de legislar, mientras el oficialismo contaba con 26 senadores.
La dificultad no estaba solamente en la oposición. Sectores de Renovación Nacional, Evópoli y la UDI tampoco estaban dispuestos a respaldar íntegramente la propuesta presentada por La Moneda.
Squella y Longton entran en escena
En ese escenario adquirieron protagonismo los senadores Andrés Longton, de Renovación Nacional, y Arturo Squella, del Partido Republicano, integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.
Ante la falta de respaldo suficiente para aprobar el proyecto en sus términos originales, ambos parlamentarios participaron en la reformulación de la iniciativa, reduciendo considerablemente su contenido para intentar mantener con vida la reforma.
La operación legislativa terminó modificando cinco de los ocho componentes originales del proyecto.
Entre las materias eliminadas estuvo precisamente el denominado “quinto estado de excepción constitucional de seguridad pública”, que fue descartado para concentrar la propuesta en un reforzamiento del actual Estado de Excepción de Emergencia.
Los cinco puntos que quedaron fuera
La reformulación también eliminó la facultad presidencial unilateral para catalogar determinadas organizaciones como terroristas o criminales.
A ello se sumó el retiro de la posibilidad de interceptar determinadas telecomunicaciones privadas, la restricción de derechos fundamentales, la incorporación de la seguridad pública como deber constitucional del Estado y la suspensión de derechos sociales para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado.
El recorte también refleja una discusión de fondo sobre el alcance de las atribuciones presidenciales y los contrapesos democráticos en materia de seguridad.
La propuesta original buscaba incorporar herramientas de amplio alcance al texto constitucional. La versión reformulada opta por reducir ese margen y mantener mayores controles institucionales.
Tres ejes sobreviven a la poda legislativa
Después de la revisión del proyecto, tres grandes materias quedaron en pie.
El primer eje busca constitucionalizar el crimen organizado, otorgándole un reconocimiento y tratamiento especialmente severo dentro de la Carta Fundamental.
El segundo apunta a proteger constitucionalmente un régimen penitenciario diferenciado, con el objetivo de entregar mayores herramientas para establecer condiciones especiales de reclusión para los internos considerados de mayor peligrosidad.
El tercer punto busca reforzar el actual Estado de Excepción de Emergencia, manteniendo mecanismos de control periódico por parte del Congreso.
Estos tres componentes constituyen la nueva columna vertebral de la reforma después de la reducción de cinco de sus ocho propuestas originales.
El Gobierno tuvo que asumir que no tenía los votos
La trastienda del cambio comenzó a tomar forma entre el 28 de agosto y los primeros días de septiembre.
Durante ese período, los ministros Claudio Alvarado, José García Ruminot y Martín Arrau habrían transmitido al Presidente que el Ejecutivo no contaba con los votos necesarios para aprobar la propuesta en su formulación original.
El escenario contrastaba con la posición pública que había mantenido Kast, quien había definido el Estado de Excepción como una herramienta “irrenunciable”.
La falta de respaldo parlamentario obligó finalmente al Gobierno a modificar el diseño inicial y buscar una fórmula que pudiera reunir los apoyos necesarios en el Senado.
Oposición califica el recorte como “cosmético”
Aunque la reformulación permitió mantener tres ejes del proyecto, parlamentarios de oposición cuestionaron el alcance de la modificación.
Desde ese sector sostienen que el proyecto original está políticamente muerto y que la eliminación de cinco de sus ocho puntos constituye una operación destinada principalmente a evitar una derrota legislativa del Ejecutivo.
Algunos parlamentarios opositores, sin embargo, estarían disponibles para respaldar dos de los tres ejes que sobrevivieron.
Entre ellos se encuentra la posibilidad de entregar respaldo constitucional a Gendarmería para establecer regímenes de segregación y cárceles de alta seguridad, con el objetivo de dificultar que recursos judiciales permitan modificar las condiciones de aislamiento de internos considerados peligrosos.
También existe disposición a respaldar la constitucionalización del crimen organizado, aunque algunos legisladores opositores consideran que se trataría principalmente de una declaración de principios, sin efectos operativos relevantes.
La primera prueba de Kast frente al Congreso
El episodio revela una de las primeras tensiones relevantes entre el Gobierno de José Antonio Kast y el Congreso.
El Ejecutivo presentó una reforma constitucional fuertemente vinculada con su programa de seguridad y comenzó defendiendo una propuesta amplia, que incluía nuevas atribuciones presidenciales y modificaciones profundas al régimen constitucional de seguridad pública.
Sin embargo, la aritmética parlamentaria terminó imponiendo sus condiciones.
El Senado evidenció que el presidencialismo no elimina la necesidad de construir acuerdos políticos, especialmente cuando se trata de modificar la Constitución y se requieren quórums reforzados.
La reducción de ocho a tres ejes también deja una señal política para La Moneda: incluso con mayoría relativa y un discurso de seguridad como una de sus principales banderas, el Gobierno necesita negociar con sus propios aliados y con sectores de oposición para transformar sus propuestas en reformas constitucionales.
Más que una simple poda legislativa, el episodio expone el primer pulso relevante entre el programa de Kast y la realidad de un Congreso donde los votos siguen siendo decisivos.
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