La Fiscalía Metropolitana Sur y el OS-9 incautaron contratos, correos y evidencia digital desde las oficinas de la concesionaria en Las Condes. La causa mantiene a seis exfuncionarios del Juzgado de Policía Local de La Granja en prisión preventiva por presunta falsificación de documentos y cohecho.
La Fiscalía Metropolitana Sur y el OS-9 de Carabineros realizaron un allanamiento en las oficinas centrales de Autopista Central, ubicadas en Las Condes, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la tramitación y notificación de multas y deudas del sistema TAG en el Juzgado de Policía Local de La Granja.
El procedimiento tuvo como objetivo incautar antecedentes que puedan aportar a la investigación, entre ellos contratos, correos electrónicos y otra evidencia digital relacionada con las actuaciones que son objeto de indagación. La diligencia se produjo luego de que ocho exfuncionarios del tribunal fueran formalizados por los delitos de falsificación de instrumento público y cohecho.
De los ocho imputados, seis quedaron en prisión preventiva, medida que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, mientras que los otros dos quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad. El tribunal estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.
Notificaciones registradas a la misma hora en distintas comunas
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el fiscal Christian Toledo, una de las principales líneas de investigación apunta a las notificaciones de demandas asociadas al cobro de multas TAG.
Los funcionarios investigados tenían, entre otras funciones, la calidad de receptores encargados de realizar notificaciones. Sin embargo, según explicó el persecutor, en determinados casos habrían registrado notificaciones realizadas el mismo día y a la misma hora en comunas diferentes de la Región Metropolitana.
El fiscal utilizó como ejemplo registros que situaban a una misma persona notificando en San Bernardo y Colina a las 9:00 horas, situación que, por la distancia entre ambas comunas, resultaría físicamente imposible.
Según la Fiscalía, los funcionarios recibían una remuneración adicional por cada notificación realizada, con un promedio cercano a los $30 mil. En algunos casos, indicó Toledo, se registraban 10, 20 o incluso 30 notificaciones, lo que podía representar ingresos adicionales relevantes para quienes efectuaban estas actuaciones.
Fiscalía aclara alcance de las deudas TAG
Uno de los aspectos relevantes de la investigación es que el Ministerio Público ha precisado que el cuestionamiento no apunta necesariamente a la existencia de las deudas por TAG de las personas involucradas en estos procedimientos.
El fiscal Toledo explicó que algunas personas efectivamente mantenían deudas asociadas al no pago del TAG, pero que lo investigado corresponde al procedimiento utilizado para notificarlas.
“Lo que está mal realizado es el procedimiento”, sostuvo el persecutor, quien agregó que algunas personas eventualmente no se habrían enterado de las notificaciones debido a las irregularidades que son materia de investigación.
La Fiscalía busca determinar, entre otros aspectos, cómo se confeccionaron y tramitaron las actuaciones judiciales y qué participación tuvieron los distintos involucrados.
Expedientes y documentos también están bajo investigación
La causa contempla además antecedentes relacionados con la eventual creación de expedientes que no corresponderían a los registros de ingreso del tribunal, así como la emisión de certificados y oficios que son cuestionados por el Ministerio Público.
Según la Fiscalía, otra arista está vinculada con la obtención de información que los funcionarios no habrían podido conseguir legalmente fuera de una causa debidamente tramitada. Estos antecedentes forman parte de la imputación por cohecho que pesa sobre los formalizados.
Los hechos investigados se remontan a los años 2019 y 2020 y la causa comenzó a tomar forma luego de que fueran detectadas inconsistencias en la tramitación de notificaciones y actuaciones relacionadas con multas y deudas TAG.
Allanamiento busca determinar eventual participación de otros actores
La diligencia realizada en las dependencias de Autopista Central busca aportar nuevos elementos a una investigación que todavía se encuentra en desarrollo. La Fiscalía incautó información digital y documental que deberá ser analizada para establecer si existe una conexión entre los procedimientos investigados y otros actores vinculados a la tramitación de las multas.
Hasta ahora, el Ministerio Público no ha establecido públicamente un monto total del eventual perjuicio económico asociado a los hechos investigados. El fiscal señaló que parte de las diligencias apunta precisamente a reconstruir los movimientos y antecedentes necesarios para determinar el alcance económico de la causa.
La investigación continúa en curso y, por ahora, los antecedentes corresponden a imputaciones que deberán ser acreditadas durante el proceso judicial.
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