La senadora Ana Crispín acusó a un representante estadounidense de entregar códigos QR a legisladores durante el debate sobre el futuro del fiscal general Roger Mariaca. El diplomático explicó que se trataba de contactos de WhatsApp. No existen, hasta ahora, pruebas públicas que acrediten pagos o condicionamiento de votos.
La presencia de representantes diplomáticos extranjeros en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia abrió una nueva controversia durante la sesión que terminó con la suspensión definitiva del fiscal general Roger Mariaca.
La senadora del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ana Crispín, denunció durante la jornada del viernes una presunta injerencia de Estados Unidos y aseguró que un funcionario estadounidense estaba entregando códigos QR a parlamentarios mientras se discutía la situación de Mariaca.
Según Crispín, el funcionario se encontraba con un computador portátil frente a una legisladora y habría utilizado los códigos para establecer contacto con parlamentarios. La senadora llegó a afirmar que estos mecanismos podían estar relacionados con intentos de influir en la votación.
La acusación fue recogida por medios bolivianos. Sin embargo, no se han presentado públicamente pruebas que acrediten que los códigos correspondieran a pagos, transferencias de dinero o instrucciones para votar en determinado sentido. Durante el intercambio registrado en el hemiciclo, el representante estadounidense explicó que el QR correspondía a un contacto de WhatsApp y que su finalidad era mantener comunicación.
La identidad del funcionario y la controversia por los QR
Posteriormente, en redes sociales comenzó a circular la identificación del funcionario como Hermes Grullón, a quien distintas publicaciones vincularon con el Servicio Exterior estadounidense.
El medio Bolivia Verifica señaló que el propio funcionario habría confirmado que el código QR correspondía a sus datos de contacto de WhatsApp. La identificación de Grullón, sin embargo, no había sido confirmada oficialmente por la Embajada de Estados Unidos al cierre de los reportes publicados sobre el episodio.
La controversia se produjo además en un contexto de fuerte tensión entre Washington y sectores de la política boliviana, después de que el Departamento de Estado revocara las visas de Mariaca y otros funcionarios, acusándolos de corrupción y de facilitar actividades vinculadas al narcotráfico.
Estados Unidos incluyó estas medidas dentro del denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa de cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado. Mariaca rechazó las acusaciones y calificó la actuación estadounidense como una forma de injerencia.
Mariaca fue detenido y posteriormente suspendido
La controversia por los QR coincidió con el abrupto desenlace de la situación de Mariaca.
El fiscal general fue detenido el miércoles 30 de septiembre en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz, en medio de una investigación por presuntos vínculos con una organización criminal y delitos relacionados con el narcotráfico. La detención ocurrió después de que Estados Unidos anunciara la revocación de su visa.
Las autoridades bolivianas también investigan presuntos vínculos entre Mariaca y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Entre los antecedentes considerados por la Fiscalía figura material audiovisual en el que Marset se refiere a Mariaca y afirma haber tenido una relación de cercanía con él.
En paralelo, la Asamblea Legislativa modificó la normativa que regula al Ministerio Público y estableció un mecanismo para suspender definitivamente al fiscal general cuando exista una imputación o una medida cautelar por determinados delitos.
Con esa modificación ya promulgada, el Legislativo votó la salida de Mariaca durante la madrugada del sábado.
La resolución obtuvo 113 votos a favor, 11 en contra, tres abstenciones y un voto en blanco, sobre un total de 128 legisladores participantes.
El caso Cerimedo queda en el centro del debate
La situación adquirió una dimensión política adicional debido a que Mariaca encabezaba investigaciones relacionadas con el argentino Fernando Cerimedo, consultor y operador político que se encuentra detenido en Bolivia y enfrenta distintas investigaciones judiciales.
Algunos analistas y dirigentes han planteado que la caída de Mariaca podría afectar el avance de esas investigaciones. Esa interpretación, sin embargo, no equivale a una prueba de que la suspensión haya sido ejecutada para favorecer a Cerimedo.
La secuencia de acontecimientos —revocación de visas por parte de Estados Unidos, detención de Mariaca, denuncias de presiones dentro del Legislativo y posterior suspensión— ha alimentado las acusaciones cruzadas sobre una eventual influencia extranjera en la política y la justicia bolivianas.
Por ahora, uno de los principales puntos pendientes es determinar si las acusaciones sobre los códigos QR tienen algún respaldo documental más allá de las declaraciones de parlamentarios y de los registros audiovisuales de la sesión.
Tras la suspensión de Mariaca, la Asamblea Legislativa avanzó además en la designación de un fiscal general interino.
El episodio deja así abiertas dos controversias distintas: la investigación penal contra Mariaca y las denuncias sobre una eventual injerencia extranjera en el proceso político que terminó con su salida.
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