La presidenta del Senado ofició al ministro de Justicia para esclarecer el otorgamiento de beneficios a condenados y promueve una modificación a la Ley N.º 19.856 para eliminar una excepción que permite acceder a reducciones de pena.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), anunció una ofensiva legislativa para modificar las normas que regulan la reducción de condenas por comportamiento sobresaliente, luego de conocerse el otorgamiento de beneficios a personas condenadas por delitos sexuales.
La parlamentaria informó que ofició al ministro de Justicia para solicitar antecedentes sobre las decisiones adoptadas y conocer qué criterios se utilizaron para conceder las rebajas. Paralelamente, impulsa un proyecto de ley que busca eliminar una excepción legal relacionada con determinados delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
“Las leyes deben proteger a las personas más vulnerables. Detrás de estos delitos hay víctimas y familias que viven con sus consecuencias. Por eso estamos actuando en dos frentes: esclarecer cómo se otorgaron estos beneficios y corregir la normativa para cerrar la excepción que permite estas rebajas”, sostuvo Núñez.
La senadora explicó que el oficio busca precisar qué antecedentes se consideraron, qué disposiciones legales se aplicaron y cómo se verificó el cumplimiento de los requisitos para conceder los beneficios.
El proyecto apunta a una excepción de la Ley N.º 19.856
La iniciativa modifica la Ley N.º 19.856, que establece un sistema de reducción de condenas para personas privadas de libertad que cumplen determinados requisitos de comportamiento sobresaliente.
Según explicó Núñez, la legislación ya excluye del beneficio a condenados por determinados delitos sexuales contra menores de edad. Sin embargo, mantiene una excepción cuando la sentencia aplica el artículo 73 del Código Penal, disposición relacionada con la determinación de la pena ante una eximente incompleta.
El proyecto busca eliminar esa excepción para impedir que dicha circunstancia permita acceder posteriormente a una reducción de condena por comportamiento sobresaliente.
“Esta normativa ya excluye a los condenados por determinados delitos sexuales contra menores, pero mantiene una excepción cuando en la sentencia se aplica el artículo 73 del Código Penal”, señaló la parlamentaria.
La propuesta pretende mantener los efectos de esa circunstancia en la determinación judicial de la pena, pero impedir que opere como una vía para acceder después a una rebaja mediante el sistema de comportamiento sobresaliente.
“La ley estableció una prohibición, pero dejó una excepción que proponemos eliminar. Queremos que, para los delitos comprendidos en este proyecto, esa circunstancia no vuelva a habilitar una reducción de condena”, agregó Núñez.
Más exigencias para fundamentar los beneficios
La iniciativa también contempla nuevas exigencias para evaluar y conceder las reducciones de condena. Entre ellas, establece que las calificaciones deberán explicar los antecedentes que las sustentan y la forma en que se ponderaron los informes contradictorios relevantes.
Asimismo, las resoluciones que otorguen el beneficio deberán permitir verificar el cumplimiento de los requisitos legales, las prohibiciones aplicables y el cálculo exacto de la reducción concedida.
Con estos cambios, la propuesta busca reforzar la fundamentación de las decisiones y facilitar el control sobre la aplicación de los beneficios penitenciarios.
Núñez pide acelerar la tramitación
La presidenta del Senado manifestó su disposición a impulsar una tramitación expedita del proyecto y sostuvo que la falta de urgencia legislativa por parte del Ejecutivo no debería impedir que el Congreso avance en su discusión.
“Vamos a trabajar para que este proyecto tenga prioridad y se tramite con celeridad. Valoro los esfuerzos de otros parlamentarios y espero que construyamos un acuerdo transversal. La protección de la infancia y el respeto a las víctimas deben convocarnos a todos”, afirmó.
De acuerdo con lo informado por la senadora, la eliminación de la excepción se aplicaría a los delitos cometidos desde la publicación de la eventual ley. En tanto, las nuevas exigencias de fundamentación entrarían en vigor transcurridos 60 días, conforme a las reglas previstas para su aplicación temporal.
La propuesta deberá seguir su tramitación legislativa antes de convertirse en ley.
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