El diputado Jaime Mulet envió una carta a los presidentes de todas las colectividades políticas. En ella cuestiona que la controversia por los beneficios concedidos a condenados por delitos graves se transforme en una disputa coyuntural y llama a reconocer la responsabilidad transversal del sistema político en la legislación.
El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), emplazó a los presidentes de los partidos políticos a asumir la responsabilidad histórica del sistema político en la legislación que permitió reducir condenas por comportamiento sobresaliente.
Mediante una carta dirigida a los máximos representantes de las colectividades, el parlamentario abordó la controversia por los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores y otros crímenes graves. También cuestionó que el debate sobre una eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se limite a una disputa de responsabilidades inmediatas.
Bajo el título “Las contradicciones de nuestro sistema político: No existe autoridad sin responsabilidad”, Mulet planteó que la política debe reconocer las consecuencias de sus propias decisiones. Esto incluye las leyes aprobadas transversalmente y las posteriores modificaciones que resultaron necesarias.
Una legislación aprobada transversalmente
El diputado recordó que el sistema de reducción de condenas por comportamiento sobresaliente fue impulsado durante el gobierno de Ricardo Lagos. Su aprobación se concretó a comienzos de la década de 2000, mediante la Ley 19.856, promulgada en enero de 2003.
La normativa estableció mecanismos para reducir las penas de personas privadas de libertad que cumplieran determinados requisitos de comportamiento durante su condena.
“No se trató de una iniciativa improvisada ni de una decisión marginal, ni aislada. Fue el resultado de una discusión legislativa y de acuerdos que atravesaron las fronteras entre oposición y gobierno”, sostuvo Mulet.
El parlamentario también recordó que, con el paso de los años, el escenario delictual y las prioridades legislativas cambiaron. En ese proceso, el Congreso incorporó nuevas restricciones al acceso a estos beneficios.
Entre las modificaciones mencionó la Ley 21.421, promulgada en 2022, que estableció limitaciones para determinados delitos sexuales contra menores. Para Mulet, estos cambios demuestran que una política considerada adecuada en su momento necesitó correcciones posteriores.
En esa línea, resumió la evolución política de la normativa con una referencia a tres administraciones presidenciales.
“El presidente Lagos impulsó la ley; el presidente Piñera promovió su corrección; y el presidente Kast impulsa ahora su derogación”, señaló.
A juicio del diputado, el riesgo es que esa trayectoria legislativa termine convertida en una disputa de acusaciones cruzadas y cálculos de conveniencia política.
Acusación constitucional y responsabilidad política
La carta también aborda la controversia por las rebajas de condena concedidas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves.
En ese contexto, sectores de la oposición preparan una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Frente a esa posibilidad, Mulet sostuvo que una acción de esta naturaleza debe sustentarse en infracciones debidamente acreditadas.
“Si existen antecedentes suficientes, el ministro Rabat y/o los magistrados deben ser investigados, debemos actuar en consecuencia. Pero también debemos tener la honestidad de reconocer que la controversia actual se encuentra en la trayectoria de una legislación de más de 20 años”, afirmó.
El parlamentario también advirtió sobre los riesgos de eliminar indiscriminadamente los mecanismos de reinserción social como respuesta a la indignación provocada por casos especialmente graves.
Según planteó, los delitos sexuales contra menores y los crímenes que vulneran los derechos humanos requieren restricciones reforzadas. Sin embargo, sostuvo que el debate legislativo debe distinguir entre las necesidades de castigo, la protección de las víctimas y las posibilidades de rehabilitación en otros casos.
Finalmente, Mulet llamó a los partidos a reconocer su participación en las decisiones legislativas que hoy están bajo cuestionamiento. A su juicio, desconocer esa responsabilidad debilita la confianza ciudadana y profundiza el descrédito de las instituciones.
“La política no necesita de dirigentes que se declaren permanentemente inocentes. Necesita dirigentes capaces de defender los principios que inspiran sus proyectos de sociedad y que sean capaces de hacerse responsables de sus acciones y de corregir lo que haya que corregir”, concluyó.
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