La Cámara Alta desechó la acción impulsada por parlamentarios libertarios y republicanos, que acusaba al exministro de Hacienda de incumplimientos en la elaboración del Presupuesto 2026
El Senado de Chile rechazó este martes la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, al desestimar los cuatro capítulos del libelo acusatorio.
La acción había sido impulsada por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, quienes responsabilizaban al exsecretario de Estado por presuntas infracciones a la probidad administrativa, a la Ley de Administración Financiera del Estado y por supuestas omisiones en la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026.
Con esta votación, la acusación quedó definitivamente desestimada.
Senado rechazó cada uno de los cuatro capítulos
Durante la sesión, los senadores votaron por separado cada uno de los capítulos de la acusación constitucional.
Los resultados fueron los siguientes:
- Capítulo I: 25 votos en contra, 16 a favor y 4 abstenciones.
- Capítulo II: 32 votos en contra, 9 a favor y 2 abstenciones.
- Capítulo III: 26 votos en contra, 16 votos a favor y 3 abstenciones.
- Capítulo IV: 33 votos en contra, 10 votos a favor y 2 abstenciones.
Al ser rechazados todos los capítulos, el libelo quedó completamente descartado por la Cámara Alta.
¿Qué cuestionaba la acusación constitucional?
El documento sostenía que Nicolás Grau habría incumplido deberes constitucionales durante su gestión como ministro de Hacienda.
Entre los principales cuestionamientos figuraban presuntas faltas al principio de probidad y transparencia, una supuesta vulneración de la Ley de Administración Financiera del Estado y la omisión del informe financiero de mediano plazo junto con la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2026.
Los impulsores de la acusación argumentaban que estas actuaciones comprometían la responsabilidad política del exministro.
El origen del conflicto
La acusación constitucional fue presentada luego de que el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, diera a conocer el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al primer trimestre de 2026.
En esa oportunidad, el secretario de Estado afirmó que la administración anterior no habría incorporado compromisos de deuda por más de US$10 mil millones proyectados para el período comprendido entre 2026 y 2030.
Esa declaración dio origen al libelo impulsado por parlamentarios de oposición, quienes solicitaron establecer responsabilidades políticas por la elaboración de las cuentas fiscales.
Tras la decisión adoptada por el Senado, la acusación constitucional quedó definitivamente rechazada.
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