El beneficio extraordinario entregará un pago único de $30 mil por cada niño de hasta 13 años perteneciente al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. La iniciativa ahora deberá ser discutida por el Senado antes de convertirse en ley.
La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que crea un bono extraordinario de $30.000 por hijo, financiado con recursos fiscales y destinado a apoyar a las familias más vulnerables del país.
La iniciativa establece que el beneficio será entregado por una sola vez a los hogares con niños que, al 1 de junio de 2026, tengan hasta 13 años de edad y pertenezcan al 80% más vulnerable de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH).
Cada menor dará derecho al pago de un único bono.
¿Quiénes recibirán el bono?
El proyecto establece un orden de prioridad para la entrega del beneficio. En primer lugar, accederán quienes reciban el Subsidio Familiar.
Posteriormente, podrán recibir el bono:
- Beneficiarios de la Asignación Familiar o Asignación Maternal.
- Personas que perciban el subsidio por discapacidad mental.
- Familias pertenecientes al subsistema Seguridades y Oportunidades.
- Niños y niñas bajo el cuidado de personas o instituciones por resolución judicial.
En caso de no cumplirse ninguna de estas condiciones, el bono será asignado al jefe o jefa de hogar.
Bono no será imponible ni embargable
El texto aprobado establece que este aporte no constituirá remuneración ni renta para efectos legales, por lo que no estará afecto a impuestos ni cotizaciones previsionales.
Además, será inembargable y no podrá ser objeto de descuentos, retenciones o compensaciones por parte de organismos públicos o privados.
Pago y fiscalización
La Subsecretaría de Evaluación Social será la encargada de elaborar la nómina oficial de beneficiarios.
El pago será realizado por el Instituto de Previsión Social (IPS) o por las entidades que administran los beneficios correspondientes, privilegiando medios electrónicos y trazables.
Asimismo, el proyecto establece un plazo máximo de nueve meses para cobrar el bono e incorpora mecanismos de fiscalización, procedimientos de reclamación y normas para la restitución de recursos en caso de fraude o pagos indebidos.
Falta la aprobación del Senado
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa continúa ahora su tramitación legislativa en el Senado, donde deberá ser discutida y votada antes de transformarse en ley.
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