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Los registros electorales permiten reconstruir una parte de la ruta del dinero detrás de una de las organizaciones civiles que participaron en la campaña por el Rechazo a la propuesta constitucional de 2022.

“Unidos somos más fuertes” fue una de las organizaciones autorizadas por el Servicio Electoral (Servel) para recibir aportes y desarrollar propaganda durante ese proceso. Según la información disponible en el propio organismo, recibió $32,91 millones, recursos que fueron destinados principalmente a publicidad radial.

Entre quienes aparecen como aportantes figuran dos nombres que adquieren especial relevancia al revisar sus actuales y anteriores vínculos políticos.

Uno de ellos es Enrique García Arancibia, abogado y socio chileno del argentino Fernando Cerimedo. El segundo es Tomás Yáñez Pelay, periodista que actualmente integra el gabinete del ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Los registros del Servel indican que García aportó $4 millones a “Unidos somos más fuertes” el 10 de agosto de 2022. Yáñez, en tanto, realizó un aporte de $1.080.000 el 29 de agosto del mismo año.

Pero existe un punto que los antecedentes disponibles no permiten establecer: quién diseñó la estrategia comunicacional de la organización ni quién elaboró los contenidos que posteriormente fueron difundidos.

Esa información no quedó registrada en las rendiciones exigidas para ese proceso.

Una organización creada para el plebiscito

“Unidos somos más fuertes” surgió específicamente para participar en el plebiscito constitucional de 2022.

Fue una de las 75 organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la opción Rechazo que se inscribieron ante el Servel para recibir aportes y desarrollar propaganda.

El mecanismo utilizado en ese proceso tenía una particularidad. Las organizaciones debían informar sus aportes y la contratación de propaganda, pero no estaban obligadas a realizar una rendición detallada de sus gastos en los mismos términos que otras entidades electorales.

Esa decisión terminó dejando una zona difícil de rastrear.

Se puede conocer quién aportó dinero y cuánto recibió una organización. También es posible identificar parte de la propaganda contratada. Pero no necesariamente quién estuvo detrás de su elaboración, qué agencia diseñó la estrategia o quién definió los mensajes que terminaron circulando públicamente.

En el caso de “Unidos somos más fuertes”, los registros muestran que cerca de $27 millones fueron destinados a difusión radial.

La campaña llevaba un nombre reconocible: “Así No”.

La propaganda que contenía información falsa

CIPER revisó parte del material utilizado por “Unidos somos más fuertes” durante la campaña y detectó afirmaciones que no se ajustaban al contenido de la propuesta constitucional de 2022.

Entre ellas aparecía la afirmación de que el texto constitucional quitaba a Carabineros la función de mantener el orden público.

También se difundió la idea de que la propuesta permitiría que manifestantes ingresaran a la vivienda de una persona sin su autorización.

Otra de las afirmaciones sostenía que el nuevo texto eliminaba el bono de libre elección de Fonasa.

A esas afirmaciones se sumaron otras que, de acuerdo con la revisión realizada por CIPER, resultaban engañosas.

Una de ellas planteaba que tres millones de personas se cambiarían a Fonasa, provocando un colapso del sistema público de salud.

Otra advertía que los colegios particulares subvencionados podrían ser eliminados rápidamente.

El contenido de esas piezas resulta especialmente relevante al observar quiénes financiaron la organización y cuál fue el destino declarado de parte de esos recursos.

Sin embargo, los antecedentes disponibles no permiten afirmar que los aportantes hayan diseñado, producido o definido directamente esos mensajes.

El aporte de Enrique García y su vínculo con Fernando Cerimedo

Uno de los nombres que aparece en los registros del Servel es el abogado Enrique García Arancibia.

Su aporte a “Unidos somos más fuertes” fue de $4 millones y quedó registrado el 10 de agosto de 2022.

García no es un desconocido en la historia política reciente relacionada con los procesos constitucionales.

En 2020 creó en Chile la agencia Numen SpA, sociedad que comparte nombre con la empresa de publicidad fundada por Fernando Cerimedo en Argentina. Aunque Cerimedo no aparece en la constitución de la sociedad chilena, García figuró en el sitio web de la agencia argentina como Socio/Country Manager.

La conexión entre ambos ya había sido documentada públicamente en investigaciones anteriores.

Además, durante el segundo proceso constitucional, García integró el comité de 12 árbitros encargado de resolver controversias sobre la admisibilidad de normas para la nueva Constitución. En esa instancia actuó como representante del Partido de la Gente.

El vínculo adquiere una nueva dimensión al revisar las propias declaraciones de Cerimedo sobre su participación en la campaña del Rechazo.

En 2023, el argentino aseguró que había trabajado para organizaciones civiles durante ese proceso y relató que había reunido a decenas de entidades para ofrecerles servicios relacionados con la campaña.

Cerimedo no detalló públicamente cuáles fueron esas organizaciones ni qué servicios específicos prestó a cada una.

¿Quién es Fernando Cerimedo?

El nombre de Cerimedo volvió a ocupar la agenda pública en Chile después de que fuera detenido en Bolivia en una causa relacionada con un presunto intento de femicidio contra su pareja.

En ese procedimiento policial se informó el hallazgo de un dispositivo asociado al manejo de bots, cuentas automatizadas utilizadas para amplificar contenidos en redes sociales.

Cerimedo ha sido vinculado públicamente con campañas políticas en América Latina y con estrategias de comunicación digital.

En Chile, sus conexiones con sectores de la derecha comenzaron a ser investigadas y documentadas antes de su reciente detención.

En el primer plebiscito constitucional, en 2020, su agencia Numen elaboró encuestas para la organización Casa Común. Esas mediciones fueron cuestionadas por aspectos metodológicos.

En ese mismo espacio trabajaron entonces Alejandro Irarrázaval, actualmente jefe de los asesores del Presidente José Antonio Kast, y Felipe Costabal, quien posteriormente asumió como jefe de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda.

Más tarde, durante la campaña constitucional de 2022, Cerimedo apareció públicamente junto a dirigentes y figuras vinculadas a distintos sectores de la derecha chilena.

Una fotografía tomada en la sede de Renovación Nacional, que volvió a circular recientemente, lo muestra junto a Enrique García, además de otras figuras políticas.

El segundo aportante: Tomás Yáñez

El otro nombre que aparece en los registros del Servel es Tomás Yáñez Pelay.

Yáñez aportó $1.080.000 a “Unidos somos más fuertes” el 29 de agosto de 2022.

Su trayectoria también conecta el financiamiento registrado durante el plebiscito con el escenario político actual.

Actualmente integra el gabinete del ministro de Seguridad, Martín Arrau.

El antecedente, por sí solo, no permite establecer participación de Yáñez en la elaboración o difusión de las piezas cuestionadas. Lo que sí consta documentalmente es su aporte económico a la organización que realizó la campaña.

CIPER intentó contactar tanto a García como a Yáñez para obtener su versión respecto de los aportes y su eventual conocimiento sobre la campaña “Así No”. Hasta el cierre de esa investigación no habían respondido.

Una zona gris que dejó el sistema de control electoral

El caso expone además una particularidad del modelo utilizado para el plebiscito de 2022.

El Consejo Directivo del Servel resolvió que las organizaciones de la sociedad civil autorizadas para participar en la campaña no debían realizar una rendición detallada de sus gastos, aunque sí tenían que informar los aportes recibidos y la contratación de propaganda en medios y redes sociales.

En la práctica, esto permite seguir parcialmente el dinero, pero dificulta reconstruir toda la cadena de producción de una campaña.

Por eso hoy es posible saber que “Unidos somos más fuertes” recibió casi $33 millones, que destinó una parte importante a publicidad radial y que entre sus aportantes estuvieron García y Yáñez.

Lo que no aparece con la misma claridad es quién tomó las decisiones comunicacionales y quién produjo los contenidos que contenían las afirmaciones falsas o engañosas.

Esa diferencia resulta clave.

De los aportes a una investigación más amplia

“Unidos somos más fuertes” no fue la única organización que utilizó recursos para difundir mensajes bajo el concepto “Así No”.

También aparecen antecedentes de organizaciones como “Impulso Norte” y “Aconcagua Rechaza”, que realizaron gastos asociados a esa consigna durante el plebiscito.

La dimensión del fenómeno vuelve a cobrar relevancia en 2026.

La Cámara de Diputados aprobó esta semana la creación de una Comisión Investigadora destinada a determinar si existió manipulación de la opinión pública durante elecciones presidenciales y plebiscitos.

Paralelamente, la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación penal para establecer si existen eventuales delitos relacionados con el papel que habría desempeñado Cerimedo en campañas políticas.

Por ahora, los antecedentes disponibles permiten establecer conexiones, aportes y campañas. También permiten identificar contenidos que fueron difundidos y que contenían afirmaciones falsas o engañosas.

Pero queda una pregunta abierta:

¿Quién estuvo realmente detrás de la estrategia comunicacional que permitió que esos mensajes llegaran a miles de personas durante el plebiscito de 2022?

Los registros del Servel permiten seguir parte del dinero.

La otra parte de la historia todavía requiere ser reconstruida.