La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la responsabilidad del Fisco y aumentó las indemnizaciones para dos hermanas que fueron detenidas y torturadas durante la dictadura. Una de ellas permaneció privada de libertad durante casi dos años y nueve meses.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el Fisco deberá pagar un total de $90 millones a dos hermanas que fueron detenidas y sometidas a torturas y malos tratos por agentes de organismos represivos del Estado en junio de 1987.
En un fallo unánime en lo principal, el tribunal fijó una indemnización de $60 millones para M.G.R.Z. y de $30 millones para M.P.R.Z., considerando la privación de libertad, las torturas y las consecuencias físicas y psicológicas acreditadas en el proceso.
Los hechos se remontan al 24 de junio de 1987, cuando ambas hermanas tenían 21 y 19 años, respectivamente. Ese día fueron detenidas junto a sus padres y un tío durante un operativo realizado en su domicilio de la comuna de La Reina.
La resolución judicial confirmó la sentencia de primera instancia, aunque modificó al alza las indemnizaciones correspondientes a las hermanas.
Casi dos años y nueve meses privada de libertad
En el caso de M.G.R.Z., la Corte estableció una reparación de $60 millones. Entre los antecedentes considerados por el tribunal se encuentra el extenso período durante el cual permaneció privada de libertad, desde junio de 1987 hasta abril de 1990.
De acuerdo con los antecedentes recogidos en la sentencia, durante su detención fue sometida a interrogatorios y torturas que le provocaron, entre otras consecuencias, una lesión auditiva permanente y afectaciones psicológicas. Entre los métodos de tortura descritos en el proceso se encuentra el denominado “teléfono”, consistente en golpes simultáneos en ambos oídos.
El fallo también da cuenta de otras situaciones ocurridas durante su cautiverio, entre ellas el uso de una grabación de su voz para generar angustia en sus padres.
La segunda hermana estuvo detenida durante 15 días
Respecto de M.P.R.Z., quien era menor de edad al momento de los hechos, la Corte fijó una indemnización de $30 millones.
La sentencia establece que permaneció privada de libertad durante 15 días y que fue sometida a torturas y malos tratos. También presenció los sufrimientos provocados a integrantes de su familia, circunstancias que fueron consideradas por el tribunal al establecer la reparación.
Según los antecedentes contenidos en la resolución, durante su permanencia en dependencias de detención fue encapuchada y maniatada, además de ser sometida a interrogatorios y amenazas relacionadas con sus familiares.
El tribunal consideró que estas experiencias provocaron consecuencias psicológicas que permanecen hasta la actualidad.
Un operativo que involucró a más de 50 agentes
Los hechos comenzaron durante un allanamiento realizado el 24 de junio de 1987 en el domicilio familiar ubicado en La Reina. Según el relato recogido en la sentencia, en el procedimiento participaron más de 50 agentes vinculados a organismos represivos de la época. Durante el operativo, los integrantes de la familia fueron separados y sometidos a interrogatorios, golpes y otras formas de violencia.
Posteriormente, las hermanas fueron trasladadas a dependencias de detención, donde, según los antecedentes establecidos en el proceso judicial, fueron sometidas a torturas físicas y psicológicas.
La sentencia también recoge antecedentes relativos a la intervención de agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), además de funcionarios de otros organismos estatales.
La indemnización y los intereses
La Corte también se pronunció sobre los intereses asociados a las indemnizaciones. La resolución establece que estos corresponden debido al retraso en el cumplimiento de la obligación y que deberán devengarse desde el momento en que el Fisco incurra en mora, conforme a las normas citadas por el tribunal.
La decisión contó con una prevención del ministro Matías de la Noi. Si bien concurrió con la decisión adoptada por la mayoría, manifestó una posición distinta respecto del monto fijado para M.G.R.Z., por cuanto estuvo por confirmar la indemnización establecida en primera instancia.
La sentencia de primera instancia
Antes del pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, el Undécimo Juzgado Civil de Santiago había establecido indemnizaciones para otros integrantes del grupo familiar. En esa resolución se había condenado al Fisco al pago de $30 millones para el padre, $30 millones para la madre y $12 millones para el tío de las hermanas.
Con el fallo de la Quinta Sala, las indemnizaciones correspondientes a las dos hermanas fueron elevadas a un total de $90 millones. A casi cuatro décadas de los hechos, la resolución vuelve a poner en el centro del proceso judicial las consecuencias que las detenciones y torturas sufridas durante la dictadura tuvieron sobre las víctimas y sus familias.
Leave a Reply