La justicia australiana dejó en acuerdo la solicitud de extradición a Chile de la exagente de la DINA Adriana Rivas, imputada por secuestros y desapariciones durante la dictadura, manteniendo abierta una decisión clave para las causas internacionales de derechos humanos.
La Corte Federal de Australia analizó la solicitud presentada por Chile y ahora deberá emitir un fallo definitivo sobre la extradición de la exintegrante de la policía secreta de la dictadura, imputada por secuestros y desapariciones forzadas.
La justicia australiana dejó en acuerdo la resolución sobre la solicitud de extradición hacia Chile de Adriana Rivas, exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), sin fijar aún una fecha para la sentencia definitiva en un proceso judicial que se ha extendido por más de una década.
La audiencia se desarrolló este lunes ante la Corte Federal de Australia, instancia en la que la defensa insistió en que, de concretarse la extradición, Rivas podría enfrentar cargos por crímenes de lesa humanidad, pese a que el requerimiento formal presentado por el Estado chileno se basa en siete delitos de secuestro agravado.
Tribunal evalúa solicitud bajo normativa internacional
Durante la audiencia, uno de los puntos centrales fue la eventual recalificación jurídica de los hechos. Mientras el tribunal australiano analiza la extradición bajo figuras penales comunes, las autoridades chilenas sostienen que los delitos investigados forman parte de un contexto sistemático de violaciones a los derechos humanos, lo que les otorgaría carácter imprescriptible.
Desde el Gobierno australiano se indicó que Chile entregó garantías formales de que la imputada será juzgada exclusivamente por los delitos incluidos en la solicitud de extradición. Asimismo, se subrayó que el delito de secuestro se encontraba tipificado tanto en Australia como en Chile al momento en que ocurrieron los hechos investigados.
Un proceso judicial que se arrastra desde 2014
El caso se remonta a 2014, cuando Chile presentó oficialmente la solicitud de extradición. Sin embargo, Rivas —actualmente de 72 años— ha sostenido una extensa batalla judicial desde su detención en Australia en 2019, buscando impedir su retorno al país.
La exagente está vinculada a diversos delitos cometidos durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, incluyendo secuestros, desapariciones forzadas y torturas contra opositores políticos.
Entre los casos atribuidos figura el secuestro del dirigente comunista Víctor Díaz en 1976, además de otras desapariciones cuyos restos aún no han sido encontrados.
Expectativa de familiares y organizaciones de derechos humanos
Desde la representación de las víctimas, la abogada Adriana Navarro señaló que las familias esperan una resolución pronta tras décadas de búsqueda de justicia.
La profesional reconoció el desgaste que ha significado la prolongación del proceso judicial, especialmente considerando el tiempo transcurrido desde los hechos y la importancia simbólica del caso para las causas de derechos humanos.
Por ahora, el tribunal no ha establecido un plazo para dictar sentencia. El fallo podría conocerse en las próximas semanas o incluso meses, prolongando la incertidumbre en uno de los procesos internacionales más emblemáticos vinculados a la cooperación judicial en materia de derechos humanos entre Australia y Chile.
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