La controversia por las rebajas de condenas vuelve a exponer los problemas de una política que utiliza la indignación ciudadana como herramienta de confrontación. Una reflexión sobre las responsabilidades del Gobierno y la oposición frente al deterioro de la confianza pública y la necesidad de privilegiar soluciones por sobre réditos comunicacionales.
La crisis por las rebajas de condenas expone una práctica cada vez más extendida en la política chilena: utilizar el malestar ciudadano como capital político, mientras las soluciones de fondo quedan desplazadas por la confrontación.
Desde el estallido social de octubre de 2019, la política chilena parece haber aprendido a escuchar los malestares ciudadanos sin necesariamente comprenderlos ni ofrecer respuestas. Las encuestas registran desde hace años emociones como rabia, temor, decepción y desconfianza, sentimientos que atraviesan permanentemente nuestra discusión pública. Sin embargo, medirlos no equivale a entender sus causas y mucho menos a encontrarles una salida política.
La última encuesta Criteria ofrece una señal elocuente sobre el estado de la relación entre la ciudadanía y el poder. La decepción frente al Gobierno alcanza el 54%, la rabia el 32%, el miedo el 27% y la tristeza el 26%. La esperanza, en cambio, llega al 23%, mientras que la confianza apenas alcanza el 16%.
Más que una fotografía de coyuntura, estos resultados invitan a reflexionar sobre una política que parece producir más desencanto que adhesión. La ciudadanía no solo evalúa decisiones gubernamentales: también experimenta emocionalmente la forma en que se gobierna, se debate y se ejerce la oposición.
Cuando la indignación reemplaza a los argumentos
Hace tiempo que una parte importante de los actores políticos, utilizando las nuevas tecnologías de la información como instrumento, viene sustituyendo la deliberación por el espectáculo y la argumentación por discursos diseñados para provocar identificación, indignación o rechazo.
El problema aparece cuando las emociones se convierten en el principal recurso de la disputa pública. En ese escenario, la política comienza a abandonar su responsabilidad de representar, canalizar los conflictos y ofrecer respuestas oportunas. La confrontación termina imponiéndose sobre la búsqueda de soluciones.
El caso de las rebajas de condenas a personas condenadas por delitos sexuales constituye un ejemplo elocuente. La indignación ciudadana es completamente comprensible ante decisiones que involucran delitos de semejante gravedad, especialmente cuando existen menores entre las víctimas.
Sin embargo, aun cuando el Gobierno reconoció un error y presentó una iniciativa para modificar la legislación, la respuesta de sectores de la oposición ha estado marcada por la amplificación de esa indignación, incluso mediante acusaciones injuriosas, como las formuladas por el diputado Bassa, sin que ello se traduzca necesariamente en propuestas orientadas a corregir las deficiencias normativas que originaron la controversia.
La oposición tiene atribuciones legítimas para fiscalizar, exigir explicaciones y determinar responsabilidades políticas. Pero también debe preguntarse si su estrategia contribuye a resolver el problema o simplemente prolonga una confrontación que encuentra en la indignación ciudadana su principal combustible.
Criticar al Gobierno no pierde legitimidad por ser exigente. La pierde cuando la intensidad del reproche desplaza la solidez de los argumentos. Esto, por cierto, tampoco exime al ministro Fernando Rabat de las responsabilidades que le correspondan.
La responsabilidad política no reemplaza las soluciones de fondo
En una materia que involucra a víctimas especialmente vulnerables, la legalidad no vuelve irrelevantes las consecuencias simbólicas, institucionales y políticas de las decisiones adoptadas. Tampoco puede desconocerse la responsabilidad que corresponde a un ministro frente a su Presidente y a la ciudadanía.
Por eso, la continuidad de Fernando Rabat puede discutirse legítimamente por sus consecuencias políticas y por la responsabilidad que le cabe en esta controversia. Sin embargo, su eventual salida no reemplaza la obligación de corregir las normas que hicieron posible el problema.
Convertir la permanencia o salida de un ministro en el centro absoluto de la discusión puede terminar ocultando el asunto fundamental: la necesidad de revisar los mecanismos legales, los criterios de aplicación y las garantías institucionales involucradas en las rebajas de condenas.
Si la discusión termina reducida a una disputa sobre quién obtiene mayores réditos políticos de la crisis, las víctimas y la necesaria corrección normativa vuelven a quedar relegadas.
Una responsabilidad que alcanza a todas las élites
Los resultados de Criteria debieran interpelar a todos los sectores políticos. Las élites también necesitan examinar su propia contribución al clima de desconfianza y decepción que atraviesa al país.
La pregunta no es solamente qué emociones despiertan sus adversarios, sino también cuáles activan ellos mismos, qué antagonismos profundizan y qué soluciones ofrecen más allá de la disputa inmediata.
La responsabilidad política no puede reducirse a administrar encuestas ni a medir cuánto daño comunicacional puede provocarse al adversario. Gobernar exige hacerse cargo de los problemas, incluso cuando sus soluciones no generan titulares atractivos. Fiscalizar, por su parte, requiere argumentos, rigurosidad y propuestas, no solamente capacidad para amplificar el descontento.
Gobernar no consiste en administrar el desencanto, así como fiscalizar no consiste en convertir la rabia en capital político. La tarea de la política es dar cauce a esas emociones mediante razones, normas y responsabilidades claras.
De lo contrario, quienes hoy pueden ganar una disputa comunicacional amplificando la indignación podrían estar contribuyendo, al mismo tiempo, a profundizar la crisis de convivencia y confianza que dicen querer superar.
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