El tribunal autorizó el cobro forzado contra el Gobierno Regional Metropolitano por facturas emitidas sin respaldo de servicios reales. Mientras el GORE acusa documentos falsos y prepara su defensa, el caso ya impacta en la investigación penal y en el escenario político que rodea al gobernador Claudio Orrego.
El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago enfrenta un complejo escenario judicial luego de que el Quinto Juzgado Civil de Santiago autorizara el cobro forzado y eventual embargo por $290 millones, asociados a facturas emitidas sin respaldo de servicios efectivos.
El caso, conocido como “Caso Gopa”, mezcla facturas cuestionadas, operaciones de factoring y una investigación penal aún en desarrollo, con derivadas políticas que alcanzan al gobernador Claudio Orrego.
Facturas aceptadas… pero sin servicios
El tribunal acogió dos demandas ejecutivas presentadas por Boreal Servicios Financieros S.A., empresa que adquirió tres facturas originalmente emitidas por Gopa Soluciones SpA.
Los documentos —emitidos entre febrero y marzo de 2025— suman:
- $95.065.729
- $75.715.190
- $119.619.161
Total: $290 millones.
El problema: según el propio GORE, no existiría ningún servicio prestado, obra ejecutada ni relación contractual que respalde dichas facturas.
Pese a ello, fueron aceptadas en el sistema interno, lo que permitió su posterior factorización ante empresas financieras.
Una trama mayor: más de $6.500 millones en documentos cuestionados
La controversia no se limita a tres facturas.
En 2024, el Gobierno Regional presentó una querella criminal denunciando que 61 facturas, por más de $6.547 millones, habrían sido aceptadas sin respaldo real.
El libelo apunta a:
- el representante de Gopa, Arnaldo Alarcón González, y
- el exfuncionario Carlos Basaletti Alvarado, quien habría visado administrativamente los documentos.
Basaletti ha sostenido públicamente que solo aprobó facturas previamente autorizadas por sus superiores y mantiene además una causa laboral contra el organismo regional.
GORE acusa facturas “ideológicamente falsas”
La defensa del Gobierno Regional intentó frenar el cobro argumentando que los documentos eran “ideológicamente falsos”, ya que describían proyectos inexistentes como:
- “Salón Bulnes”
- “Cesfam Urzúa”
Según el organismo, dichos proyectos nunca formaron parte de su cartera de inversiones.
También acusó irregularidades en la cesión de las facturas, señalando que habrían sido transferidas antes de contar con aceptación formal.
El tribunal rechazó las impugnaciones
La jueza Giselle Sorhaburu descartó los argumentos del GORE por razones procesales clave:
- En esta etapa solo puede discutirse la falsificación material, no la ideológica.
- El Gobierno Regional no objetó las facturas ante el Servicio de Impuestos Internos dentro del plazo legal.
Resultado: los documentos quedaron legalmente aceptados e irrevocables, habilitando el juicio ejecutivo.
El fallo permite ahora:
requerimiento judicial de pago
intereses y reajustes
costas del proceso
eventual embargo si no se paga
Investigación penal sigue abierta
Desde el Gobierno Regional confirmaron que opondrán excepciones para intentar detener la ejecución.
Paralelamente, continúa la investigación penal originada tras la querella presentada contra Gopa Soluciones.
Otra arista involucra a la fintech Xepelin, que también demandó a la empresa por cerca de $2.800 millones, luego de adquirir parte de las facturas impagas.
El impacto político: declaraciones ante el Tricel
El caso llegó incluso al Tribunal Calificador de Elecciones, donde se evalúa una solicitud de destitución contra Claudio Orrego.
Los denunciantes sostienen que existió:
- falta de supervigilancia
- debilidad en los controles internos
- eventual abandono de deberes
Durante las audiencias, la jefa de Control del GORE afirmó que la empresa habría aprovechado una falla estructural:
“El analista autorizaba, pero como las facturas no salían a pago, no pasaban por las alertas de control”.
La defensa del gobernador sostiene lo contrario: que las acciones judiciales se iniciaron apenas se detectó la irregularidad.
Un sistema bajo la lupa
El denominado “Caso Gopa” expone una vulnerabilidad crítica en la administración pública: facturas aceptadas digitalmente pueden transformarse en deudas ejecutables incluso cuando el servicio nunca existió.
Mientras el proceso penal avanza y las causas civiles continúan, el GORE Metropolitano enfrenta ahora un riesgo concreto: tener que pagar millones por servicios que asegura jamás recibió.
Y en política, ya se sabe: cuando aparecen facturas fantasmas… los efectos dejan de ser invisibles.
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