Contraloría detecta graves fallas en sistemas de seguridad de Estación Central y Padre Hurtado

Cámaras sin funcionar, botones de pánico guardados y millonarios proyectos con bajo avance motivaron sumarios ordenados por Contraloría.


Cámaras fuera de servicio, botones de pánico sin uso y millonarios proyectos con bajo avance llevaron al organismo fiscalizador a ordenar sumarios administrativos en ambas comunas.

La Contraloría General de la República detectó serias deficiencias en la gestión de recursos destinados a seguridad ciudadana en las municipalidades de Estación Central y Padre Hurtado, tras fiscalizaciones que evidenciaron fallas operativas, retrasos administrativos y escasa coordinación institucional.

El organismo instruyó la apertura de sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades por irregularidades que, según el informe, afectan directamente la eficacia de los sistemas de prevención del delito.


Cámaras sin funcionar en zonas críticas de Estación Central

De acuerdo con el Informe N°521, la auditoría realizada en Estación Central reveló problemas relevantes en el sistema de televigilancia comunal.

En sectores con alta concentración delictual durante 2024, 19 de 40 cámaras instaladas no estaban operativas a junio de ese año. En otras áreas consideradas críticas, 9 de 17 dispositivos también permanecían fuera de servicio.

La situación se agrava considerando que un 58% de las cámaras instaladas desde mayo de 2024 presentaban fallas hasta junio de 2025, incluyendo equipos que permanecieron inactivos por más de un año, reduciendo significativamente la capacidad preventiva del sistema.

La Contraloría también detectó:

  • Falta de respaldo documental sobre intervenciones municipales ante denuncias ciudadanas.
  • Ausencia de registros claros respecto al destino de productos decomisados en operativos contra el comercio ambulante.

En materia financiera, el municipio suscribió un convenio con el Gobierno Regional Metropolitano por $4.504 millones para el proyecto Vigilancia Eje Alameda. Sin embargo, pese a transferencias por $2.250 millones, al cierre de 2024 solo se había ejecutado el 18,4% de los recursos, evidenciando retrasos en contrataciones y demoras de hasta 402 días en movimientos internos de fondos.


Botones de pánico guardados y postes inteligentes sin transmisión en Padre Hurtado

El Informe N°566, correspondiente a Padre Hurtado, expuso deficiencias similares en la implementación de equipamiento de seguridad.

Entre los principales hallazgos se constató que botones de pánico permanecían almacenados sin uso ni control de inventario, pese a haber sido recepcionados entre fines de 2024 y comienzos de 2025.

Asimismo, los denominados postes inteligentes no transmitían imágenes en tiempo real, limitando la detección oportuna de delitos y retrasando la respuesta municipal ante emergencias.

La fiscalización también identificó:

  • Falta de certificación técnica de obras y equipos instalados.
  • Ausencia de autorizaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
  • Sistemas operativos sin certificados eléctricos obligatorios.

En el plano financiero, un contrato por $3.088 millones registraba apenas un 25% de avance, pese al vencimiento de plazos contractuales.

Otro punto crítico fue la inexistente integración del sistema lector de patentes con Carabineros de Chile, obligando a verificaciones manuales que aumentan el riesgo de errores y reducen la capacidad de reacción ante múltiples eventos simultáneos.


Contraloría ordena medidas correctivas y sumarios

La Contraloría concluyó que las deficiencias detectadas comprometen la eficiencia de los sistemas de seguridad comunal y el adecuado uso de recursos públicos destinados a la prevención del delito.

Por ello, instruyó a ambas municipalidades adoptar medidas correctivas inmediatas y abrir procesos disciplinarios internos para establecer responsabilidades administrativas.

El informe advierte que, pese a millonarias inversiones en seguridad, fallas de gestión, coordinación y ejecución terminan debilitando herramientas clave destinadas a proteger a la ciudadanía.

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