El gobernador René Saffirio logró que la justicia declarara admisible una querella que apunta a presuntas irregularidades en un programa de reactivación económica financiado con recursos públicos. La acción involucra al exgobernador Luciano Rivas, exfuncionarios de confianza y a la actual seremi de Justicia de La Araucanía.
El Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible una querella criminal presentada por el gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, en contra del exgobernador regional Luciano Rivas y varios exfuncionarios vinculados a su administración, por presuntas irregularidades en la ejecución de recursos públicos destinados al programa “Reactivación Económica de las MIPYMES”.
La acción judicial busca determinar eventuales responsabilidades por los delitos de administración desleal y prevaricación, en el marco de una iniciativa financiada con cerca de $9 mil millones y que benefició a 328 proyectos en distintas comunas de la región.
Según los antecedentes contenidos en la querella, parte importante de los recursos transferidos habría presentado observaciones, rendiciones incompletas y gastos posteriormente rechazados, situación que motivó la presentación de la acción penal.
Querella apunta a exautoridades y actual seremi
Entre las personas incluidas en la querella figura el exgobernador regional Luciano Rivas, quien además presidió el directorio de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo durante la ejecución del programa.
También fueron querellados el exjefe de gabinete y exdirector de la Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo, Juan Pablo Leonelli; el exdirector ejecutivo Cristian Salas; el exasesor jurídico Luis Herrera Canales; y la exasesora jurídica Stephanie Caminondo Eyssautier, quien actualmente se desempeña como seremi de Justicia y Derechos Humanos en La Araucanía.
La presentación judicial busca esclarecer si existieron actuaciones contrarias al correcto uso de recursos públicos y si algunas decisiones adoptadas durante la ejecución del programa provocaron perjuicios económicos para el Gobierno Regional.
Casi $6 mil millones observados por la ejecución del programa
De acuerdo con la querella, el eventual perjuicio patrimonial alcanzaría los $5.898.757.180, cifra correspondiente a gastos observados o rechazados durante el proceso de rendición de cuentas.
El documento sostiene que cerca del 65% de los recursos utilizados presentaron observaciones relevantes. Asimismo, algunos antecedentes revisados por el Gobierno Regional indicarían que los montos cuestionados podrían incluso acercarse al 90% de los fondos transferidos.
La acción judicial también plantea que durante la evaluación de proyectos habrían existido adjudicaciones que favorecieron a personas vinculadas a entornos personales, políticos o comerciales de algunos de los involucrados.
Además, se cuestiona el actuar de integrantes de la Comisión de Evaluación Estratégica, quienes habrían participado en procesos de asignación de recursos sin aplicar eventuales deberes de abstención frente a posibles conflictos de interés.
Investigación penal, sumario y revisión de Contraloría
Respecto del delito de prevaricación, la querella atribuye posibles responsabilidades a los exasesores jurídicos Stephanie Caminondo y Luis Herrera, señalando que habrían actuado en perjuicio de los intereses económicos de la institución durante el desarrollo del programa.
Paralelamente, el gobernador René Saffirio presentó una denuncia por eventuales delitos contra la probidad pública, incluyendo fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias, además de cualquier otro ilícito que pueda surgir durante el desarrollo de la investigación.
La situación también es objeto de un sumario administrativo instruido por el Gobierno Regional de La Araucanía, mientras la Contraloría General de la República desarrolla una investigación especial destinada a revisar el destino de los recursos entregados a los beneficiarios de la iniciativa.
Con la admisibilidad de la querella, el caso entra ahora en una nueva etapa judicial, donde el Ministerio Público deberá analizar los antecedentes y determinar la existencia o no de responsabilidades penales por los hechos denunciados.
Leave a Reply