El exministro de Hacienda contraatacó con una extensa defensa de 161 páginas, rechazando haber provocado un deterioro fiscal y acusando que el libelo en su contra se basa en proyecciones económicas, errores técnicos y argumentos sin sustento jurídico.
El exministro de Hacienda rechazó los argumentos del libelo impulsado en su contra, aseguró que las cifras fiscales han sido mal interpretadas y sostuvo que la acusación carece de fundamentos jurídicos suficientes para prosperar.
La defensa del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ingresó ante la Cámara de Diputadas y Diputados su respuesta formal a la acusación constitucional presentada en su contra, solicitando que sea rechazada o declarada inadmisible por carecer, según afirma, de sustento jurídico y fundamentos suficientes.
El escrito, presentado durante la noche del lunes, consta de 161 páginas y desarrolla una serie de argumentos orientados a desvirtuar las acusaciones relacionadas con un supuesto deterioro de las cuentas fiscales durante su gestión.
Defensa rechaza existencia de daño fiscal
Uno de los principales cuestionamientos contenidos en la acusación apunta al incremento de la deuda pública por sobre el 45% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la defensa sostiene que dicha afirmación no se ajusta a los antecedentes oficiales.
“Se me imputa haber causado un daño presente, medible y de larga proyección por una deuda que superaría ese umbral, pese a que en 2025 cerró en 41,5% del PIB, disminuyendo por primera vez en casi 20 años”, señala el documento.
Asimismo, Grau cuestiona las proyecciones que apuntan a un aumento de US$10.500 millones en el endeudamiento fiscal entre 2026 y 2030.
“Es una imagen poderosa, pero no ha sido refrendada por ningún organismo multilateral ni por clasificadoras de riesgo”, argumenta la defensa.
Cuestionan cálculos utilizados en la acusación
El escrito también rebate uno de los aspectos centrales del libelo: la supuesta omisión de recursos fiscales por más de US$10.500 millones.
Según la defensa, los acusadores incurren en un error metodológico al asumir que cualquier variación del déficit fiscal debe traducirse automáticamente en un aumento equivalente de la deuda pública.
La presentación explica que ambos indicadores responden a dinámicas distintas y pueden verse afectados por factores como fluctuaciones cambiarias y ajustes contables asociados al denominado “ajuste flujo-stock”.
Como ejemplo, se menciona que en 2021 se registró una diferencia cercana a US$17.600 millones entre la evolución del déficit acumulado y la deuda proyectada, situación que nunca fue considerada una irregularidad por las autoridades fiscalizadoras.
Acusan falta de fundamentos jurídicos
La defensa sostiene además que la acusación constitucional no logra acreditar un vínculo causal entre las decisiones adoptadas por el exministro y los daños que se le atribuyen.
“Si esa base no está probada —y no lo está—, las conclusiones que se derivan no solo configuran un escenario fiscal catastrofista, sino que además carecen de sustento jurídico”, señala el texto.
En esa línea, recalca que una acusación constitucional exige demostrar de manera concreta la responsabilidad de la autoridad acusada y no puede basarse únicamente en estimaciones o proyecciones económicas.
“No basta con señalar proyecciones económicas desfavorables; es indispensable acreditar el nexo causal”, sostiene el documento.
Advierten riesgos para la institucionalidad fiscal
Otro de los argumentos planteados por la defensa apunta a las consecuencias institucionales que podría generar una eventual aprobación del libelo.
Según Grau, utilizar diferencias entre informes técnicos elaborados por distintas administraciones como fundamento para destituir a una autoridad sentaría un precedente complejo para la gestión pública.
“Esto no solo me afectaría a mí, sino a cualquier autoridad o funcionario que deba tomar decisiones fiscales en contextos de incertidumbre, bajo el riesgo de que futuras discrepancias sean interpretadas como causales de acusación”, advierte.
Asimismo, recuerda que la Contraloría General de la República ya se pronunció anteriormente sobre cuestionamientos a proyecciones fiscales, descartando infracciones por parte de los equipos técnicos encargados de elaborarlas.
Solicitan declarar inadmisible el libelo
En la parte final de la presentación, la defensa solicita formalmente que se acoja la denominada cuestión previa y se declare inadmisible la acusación constitucional.
Entre los argumentos expuestos, sostiene que el texto no presenta una descripción clara y precisa de los hechos imputados y que recurre reiteradamente a hipótesis, presunciones y formulaciones condicionales.
“El libelo carece de un estándar mínimo de fundamentación y no desarrolla una argumentación jurídica suficiente para configurar una infracción constitucional o legal”, concluye el documento.
La acusación constitucional deberá continuar ahora su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia que deberá resolver en primer término sobre su admisibilidad antes de avanzar al análisis de fondo.
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