El ministro de Vivienda pasó en pocos meses de ser una de las figuras más populares del gabinete de José Antonio Kast a enfrentar una compleja batalla judicial y política por el proyecto habitacional El Olivar. Mientras defiende una ofensiva contra constructoras y entidades patrocinantes, una querella criminal y decisiones judiciales han puesto bajo escrutinio el método que lo convirtió en uno de los rostros más visibles del Gobierno.
Iván Poduje irrumpió en el gabinete como una figura disruptiva. Su estilo directo, sus frecuentes apariciones en terreno y su disposición a confrontar públicamente incluso a figuras de su propio sector le permitieron consolidar una imagen de autoridad ejecutiva y liderazgo político.
Durante los primeros meses de gestión, los resultados parecían acompañar esa estrategia. Diversas encuestas lo ubicaron entre los ministros mejor evaluados del Gobierno, convirtiéndolo en una de las figuras con mayor proyección política dentro de la administración.
Sin embargo, el conflicto en torno al proyecto habitacional El Olivar, en Viña del Mar, ha abierto un escenario completamente distinto.
El caso El Olivar y la disputa por las demoliciones
A pocas semanas de asumir el cargo, Poduje ordenó la paralización de obras en el proyecto de reconstrucción El Olivar, levantado tras el devastador incendio que afectó a Viña del Mar en 2024.
La decisión incluyó la instrucción de demoler cerca de 170 viviendas, argumentando la existencia de fallas estructurales detectadas en informes técnicos elaborados por organismos especializados.
Desde el Ministerio de Vivienda sostienen que las medidas buscan proteger a las familias afectadas y evitar la entrega de viviendas que no cumplan los estándares exigidos.
No obstante, las empresas involucradas rechazan esa versión y han iniciado una ofensiva judicial contra la cartera.
La controversia escaló cuando una de las firmas presentó una querella criminal en la que acusa a autoridades del ministerio de haber adoptado decisiones previamente definidas y luego buscar respaldo técnico para justificarlas.
El Gobierno ha rechazado dichas imputaciones y, paralelamente, ha impulsado acciones judiciales contra constructoras y entidades patrocinantes por presuntas irregularidades detectadas durante el proceso.
La justicia introduce un nuevo factor
El punto de inflexión llegó cuando el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso ordenó la realización de peritajes técnicos antes de avanzar en las demoliciones.
La resolución fue interpretada de manera distinta por las partes involucradas.
Mientras las empresas sostienen que el fallo impide continuar con los planes de demolición hasta contar con una evaluación independiente, el Ministerio de Vivienda argumenta que se trata únicamente de una medida probatoria que no altera el fondo de las decisiones adoptadas.
Más allá de la interpretación jurídica, la resolución judicial introdujo un elemento incómodo para una gestión que había basado parte de su legitimidad en la rapidez de las decisiones.
La necesidad de esperar peritajes externos representa un cambio de escenario para una estrategia política construida sobre la premisa de actuar con rapidez frente a situaciones consideradas irregulares.
El impacto político dentro del gabinete
La controversia también coincide con movimientos relevantes dentro del propio Gobierno.
En las últimas mediciones de aprobación ministerial, Poduje dejó de encabezar los rankings que lideró durante buena parte del año, siendo superado por otras figuras del gabinete.
Entre ellas destaca Martín Arrau, actual ministro de Seguridad Pública, quien además ha sido mencionado públicamente por el Presidente José Antonio Kast como una de las figuras con potencial proyección presidencial.
Aunque la diferencia en los niveles de evaluación sigue siendo estrecha, el cambio refleja una modificación en el equilibrio político interno que hasta hace pocas semanas parecía consolidado a favor del titular de Vivienda.
Una ofensiva que ahora también será examinada
Lejos de retroceder, Poduje ha optado por profundizar su estrategia.
El ministerio anunció nuevas acciones judiciales, auditorías y sumarios administrativos destinados a revisar proyectos habitacionales y convenios de asistencia técnica en distintas regiones del país.
Para sus partidarios, se trata de una señal de coherencia y determinación frente a eventuales irregularidades.
Para sus críticos, la controversia judicial plantea interrogantes sobre los límites de las atribuciones ejercidas por la autoridad.
Por ahora, el desenlace permanece abierto.
Lo que comenzó como una ofensiva destinada a investigar posibles responsabilidades en proyectos habitacionales terminó convirtiéndose también en una prueba para el propio ministro. El resultado de las investigaciones y de los procesos judiciales determinará si la estrategia que impulsó su ascenso político fortalece su liderazgo o se transforma en el principal desafío de su carrera pública.
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