El crimen que terminó con la vida de un niño en la Región Metropolitana reactivó la presión política: senadores piden urgencia a una reforma clave del sistema penal juvenil en medio de un debate que tensiona al Congreso y la justicia.
Un nuevo hecho de violencia que terminó con la vida de un niño de 12 años en la Región Metropolitana volvió a poner sobre la mesa una de las discusiones más sensibles del sistema judicial chileno: la responsabilidad penal adolescente.
El crimen que reactivó la presión legislativa
En ese contexto, senadores de Renovación Nacional Renovación Nacional solicitaron al Presidente José Antonio Kast dar discusión inmediata al proyecto que busca modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado.
La iniciativa no es nueva. Fue presentada en 2022 por el entonces diputado Andrés Longton, y hoy vuelve a cobrar urgencia en medio de una presión política creciente y una sensación extendida en la ciudadanía de que el sistema no está respondiendo frente a delitos cada vez más violentos cometidos por menores de edad.
El senador Andrés Longton fue directo en su diagnóstico: a su juicio, existe una brecha entre la gravedad de los delitos y la respuesta del sistema.
“Hoy existe un proyecto concreto que puede contribuir a enfrentar una realidad que preocupa profundamente a las familias chilenas”, señaló, apuntando además a la necesidad de acelerar su tramitación legislativa.
Sistema penal adolescente bajo cuestionamiento
Más allá del tono político, su argumento se instala en un punto que hoy divide al debate público y judicial: la sensación de impunidad en ciertos casos y la dificultad del sistema para equilibrar sanción y reinserción.
Longton sostuvo que algunos adolescentes “se aprovechan de la laxitud del sistema”, lo que termina debilitando la confianza en la justicia. Sin embargo, también matizó que la respuesta no puede ser únicamente punitiva.
En paralelo, la senadora María José Gatica advirtió que el país enfrenta un problema estructural que ya no puede postergarse. A su juicio, los delitos graves cometidos por menores de edad obligan a revisar el diseño completo del sistema penal juvenil.
“Este proyecto debe ser prioridad legislativa porque no podemos seguir permitiendo que menores altamente peligrosos entren y salgan del sistema sin una respuesta adecuada”, señaló, apuntando al impacto directo que esto tendría en nuevas víctimas.
Congreso entre castigo, reinserción y crisis de confianza
La propuesta legislativa busca endurecer sanciones en los delitos más graves, pero también mejorar los mecanismos de intervención estatal, en un intento por evitar la reincidencia y las denominadas carreras delictuales tempranas.
Desde el mundo judicial y político, el debate no es nuevo, pero sí cada vez más tenso: cómo equilibrar la protección de derechos de adolescentes con la seguridad pública y el derecho de las víctimas a una respuesta proporcional del sistema.
En el trasfondo, los propios parlamentarios citaron cifras del Ministerio Público que indican que más del 40% de delitos como encerronas y portonazos tendrían participación de menores de edad, un dato que ha reactivado con fuerza la discusión sobre el alcance del sistema actual.
El proyecto avanza ahora en un escenario donde Congreso, Gobierno y opinión pública vuelven a cruzarse en una misma pregunta incómoda: ¿el sistema penal juvenil está corrigiendo o está quedando atrás frente a la realidad delictual?
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