Ofrecer dinero a cambio de información para combatir a las bandas criminales. Esa es la apuesta de un proyecto presentado por diputados de Renovación Nacional y respaldado por legisladores de distintos sectores, que busca crear un sistema de recompensas para facilitar la captura de prófugos, desarticular organizaciones delictivas y golpear sus fuentes de financiamiento.
La iniciativa propone crear un sistema de incentivos económicos para quienes entreguen antecedentes clave que permitan capturar prófugos, identificar integrantes de organizaciones criminales y desarticular sus redes de financiamiento.
Un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN), con el respaldo de parlamentarios de distintas bancadas, presentó un proyecto de ley que busca establecer un sistema de recompensas económicas para personas que aporten información relevante en investigaciones vinculadas al crimen organizado.
La propuesta faculta al Presidente de la República para implementar este mecanismo mediante un decreto supremo fundado, definiendo las condiciones bajo las cuales podrán otorgarse las recompensas.
Información deberá ser útil y verificable
El proyecto establece que los antecedentes deberán ser entregados de forma voluntaria y cumplir con una serie de requisitos. La información tendrá que ser verificable, sustancial y desconocida previamente por las policías y el Ministerio Público.
Además, deberá contribuir de manera efectiva a identificar integrantes de organizaciones criminales, capturar personas prófugas de la justicia, incautar armas o bienes utilizados para cometer delitos y desarticular las estructuras de financiamiento de estas bandas.
El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, afirmó que la iniciativa busca fortalecer las herramientas del Estado frente a la delincuencia organizada.
«Queremos un Estado más fuerte frente al crimen organizado, con mejores instrumentos para capturar prófugos, desbaratar bandas criminales y devolver la tranquilidad a las familias», señaló.
Protección para los informantes
La iniciativa contempla medidas especiales para resguardar la identidad y la seguridad de quienes entreguen información, así como la de sus familias cuando exista riesgo derivado de su colaboración con la justicia.
Asimismo, incorpora sanciones para quienes proporcionen antecedentes falsos con el propósito de obtener una recompensa económica.
Quiénes no podrán acceder al beneficio
El proyecto establece que no podrán recibir recompensas los funcionarios públicos que conozcan la información por razón de su cargo, las personas que tengan la obligación legal de denunciar, las víctimas, los querellantes, los imputados ni quienes hayan participado en los hechos investigados.
Apoyo transversal en la Cámara
La iniciativa fue suscrita por los diputados de RN Diego Schalper, Francisco Orrego, Mauro González, Ximena Ossandón y Juan Carlos Beltrán.
También contó con el respaldo de parlamentarios de otras colectividades, entre ellos Raúl Leiva (Partido Socialista), Cristián Araya (Partido Republicano), Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario) y Enrique Basaletti, electo en un cupo del Partido Republicano.
Con este proyecto, los impulsores buscan incorporar una nueva herramienta para fortalecer la persecución del crimen organizado y facilitar el trabajo de las policías y del Ministerio Público frente al aumento de la delincuencia organizada en el país.
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