El Gobierno de José Antonio Kast destinó $18,5 millones a la transmisión del traslado de reos a la cárcel de Talca, mientras en Copiapó un condenado por homicidio escapó durante una salida autorizada sin custodia de Gendarmería. Ambos episodios abren cuestionamientos sobre las prioridades y controles de la agenda de seguridad.
Dos hechos vinculados a la seguridad pública marcaron la agenda durante los últimos días. Por una parte, la transmisión televisiva de la Operación Cancerbero, que trasladó a reos de alta peligrosidad a la cárcel La Laguna de Talca, tuvo un costo de $18.549.720 para el Estado.
Por otra, un condenado por homicidio escapó en Copiapó durante una salida autorizada por un tribunal para asistir al bautizo de su hijo, sin custodia de Gendarmería ni dispositivos de seguridad. Los antecedentes fueron publicados por Interferencia y El Mostrador, respectivamente.
Transmisión de Cancerbero costó $18,5 millones
El traslado de internos de alta peligrosidad hacia la Cárcel La Laguna de Talca, realizado el jueves 13 de agosto, fue transmitido en vivo a través de canales oficiales del Gobierno.
Según antecedentes obtenidos por Interferencia mediante una solicitud de transparencia, el servicio tuvo un costo de $18.549.720, IVA incluido. La transmisión contempló servicios de circuito cerrado de televisión, dirección televisiva y una unidad móvil. El pago se realizó mediante la orden de compra N°776-627-SE26, emitida el 26 de agosto.
El desembolso se realizó utilizando un contrato de producción general que ya estaba vigente y no mediante una licitación específica para la cobertura del operativo.
Contrato fue ampliado durante el Gobierno de Kast
El contrato había sido adjudicado en junio de 2025, durante el Gobierno de Gabriel Boric, a La Oreja Lab SpA.
Posteriormente, la administración de José Antonio Kast amplió el contrato en un 30%, mediante una resolución emitida el 28 de julio.
De acuerdo con Interferencia, la toma de razón de Contraloría se produjo el 13 de agosto, el mismo día en que se desarrolló el traslado de los internos.
La Dirección Administrativa de la Presidencia justificó la ampliación en la necesidad de mantener la “continuidad operativa” mientras se tramita un nuevo proceso de licitación.
La productora tampoco era nueva para La Moneda. Durante 2025 participó en la organización de la cumbre “Democracia Siempre”, realizada durante la administración anterior.
Según los antecedentes publicados por Interferencia, desde entonces La Oreja Lab ha obtenido 141 órdenes de compra por un total de $1.093.400.610, considerando los períodos de Boric y Kast.
Fuga de condenado por homicidio en Copiapó
En paralelo, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, cuestionó la fuga de un joven condenado por homicidio en Copiapó. El interno, un ciudadano colombiano de 21 años, cumplía una condena de 10 años de internación en régimen cerrado por homicidio calificado, cometido cuando era menor de edad. El joven se encontraba en el Centro de Internación Provisoria en Régimen Cerrado (IP-IRC) de Copiapó.
Según explicó el ministro Arrau, un tribunal autorizó su salida para participar en actividades relacionadas con el bautizo de su hijo. La resolución estableció que la salida se efectuara sin custodia ni elementos de seguridad, como esposas, grilletes u otros dispositivos de sujeción. Durante la actividad, el condenado logró eludir la supervisión de los profesionales que lo acompañaban y escapó.
Arrau cuestiona decisión judicial
Tras conocerse la fuga, el ministro de Seguridad Pública cuestionó las condiciones en que se autorizó la salida.
“Ninguna consideración particular puede estar por encima del bien común ni desconocer el riesgo que implica permitir que un condenado por homicidio salga sin custodia”, sostuvo Arrau.
El secretario de Estado agregó que el fortalecimiento de las herramientas contra el crimen también requiere mantener medidas básicas de protección para la sociedad.
Dos hechos que tensionan la agenda de seguridad
La coincidencia temporal de ambos episodios vuelve a poner el foco sobre la estrategia de seguridad del Gobierno.
Mientras la Operación Cancerbero fue presentada como un despliegue contra internos de alta peligrosidad y contó con una transmisión oficial cuyo costo alcanzó los $18,5 millones, la fuga ocurrida en Copiapó abrió cuestionamientos respecto de los mecanismos de control utilizados durante las salidas autorizadas.
Sin embargo, ambos casos corresponden a situaciones diferentes y tienen responsables y procedimientos distintos. En el caso de Cancerbero, el cuestionamiento apunta principalmente al costo y mecanismo utilizado para contratar la transmisión. En Copiapó, en tanto, la discusión se concentra en las condiciones bajo las cuales se autorizó la salida del condenado y en los controles aplicados durante su traslado.
La fuga, además, agrega presión sobre el ministro Martín Arrau, quien ha situado la seguridad pública como uno de los principales ejes de la administración de José Antonio Kast.
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